Personifica a la nación

La situación procesal del abogado y del hermano de la presidenta Dina Boluarte ha devuelto la pregunta al centro del debate: ¿concluirá su mandato anticipadamente? La respuesta corta es no, por ahora. La respuesta larga puede ser mucho más enredada y hasta tediosa, pero puede resumirse así: a nadie parece importarle.

El proceso abierto contra la presidenta y su entorno requiere empuje político, del que carece –al menos en la actualidad– el actor que debería impulsarlo: el Congreso. Ello obedece, como se ha señalado en repetidas ocasiones, al pacto tácito de permanencia, enunciado por sus presuntos firmantes como el interés por “preservar la gobernabilidad”.

Además, si se examina cómo avanzaron procesos similares en los que había claros indicios de serias irregularidades –el Caso Richard Swing o el del Gabinete en la sombra (el del pasaje Sarratea), en las gestiones recientes de Martín Vizcarra y Pedro Castillo, respectivamente–, se puede constatar que los operadores judiciales se toman su tiempo. Respeto al debido proceso, le dicen.

Por lo demás, y a pesar del elevado rechazo que genera la figura de Boluarte (88%, según Datum-El Comercio en la medición más reciente), al ciudadano promedio no parece importarle mucho el tema. Al final de cuentas, la vida continúa y las cuentas no pueden dejar de pagarse.

Más importante aún, en este milenio, la presidencia se ha devaluado marcada y sostenidamente. En otras palabras, en muy poco tiempo ha ganado vulnerabilidad y ha perdido prestigio. Tanto la acción judicial –que muchas veces mezcla investigación legítima y productiva con interminables e injustos manoseos– como el comportamiento de quienes han ocupado la presidencia han contribuido a tal situación.

Al margen de los juicios reales y morales que puedan tenerse, y solo hablando en términos institucionales, el balance es penoso. Si –como ha sucedido en otras latitudes o momentos– tuviera que convocarse a exmandatarios para beber de su experiencia y sabiduría, el llamado podría ser respondido, cuantitativamente, por un universo limitadísimo; un notorio contraste con lo que enfrentan nuestros vecinos.

La política, además, parece ser un tema del que se prefiere estar lejos. No en vano, según el sondeo reseñado, un 95% dice sentirse orgulloso de la comida peruana, mientras que, en el otro extremo, un 81% se manifiesta avergonzado del Congreso. Orgullo y perjuicio, podría decirse.

El artículo 110 de la Constitución de 1993 señala que “el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación”. Con todo lo que la actual presidencia arrastra, este pasaje plantea –quizás sin proponérselo– una interesante disyuntiva: ¿el rechazo ciudadano a Boluarte debería extenderse a la nación en su conjunto? La respuesta debería guiar las reflexiones de la ciudadanía hacia el 2026. O antes.