El ministro José Arista fue sincero. El actual es un gobierno débil, extremadamente débil, diría yo. Su sinceridad obedece a que nunca como ahora una cartera crítica y fundamental para el país como el MEF ha estado tan expuesta a la enorme presión política que le impone un Congreso que hace del populismo, la demagogia y la desfachatez (por no usar un término más coloquial) sus signos distintivos.
Arista no tiene otra explicación para aceptar cosas que hubieran sido inimaginables en gestiones anteriores. Y si a eso se suma la rebaja de la calificación de riesgo del país, sería inédito el baldón que supondría su paso por el jirón Junín.
Un buen amigo, en circunstancias como las de Arista, le recomendaría que su renuncia al cargo sería su mejor opción (personal y profesionalmente hablando), pero, por lo que ha trascendido en las últimas horas, va a mantener el fajín luego del respectivo control de daños en la interna del Gabinete. Tampoco conozco tanto al ministro como para saber qué prioridades pasan por su cabeza.
Sin embargo, pese a lo que se cree, la presidenta, si quisiera, podría construir para el tiempo que le queda (que honestamente uno no sabe a estas alturas cuál es exactamente) un gobierno menos débil.
Podría convocar a un presidente del Consejo de Ministros con perfil político propio, con capacidad de nombrar en forma autónoma algunos integrantes claves de su Gabinete, relegando a un segundo plano la influencia que tanto ella como su hermano Nicanor mantienen hoy en el Ejecutivo.
Tengo la información, como varios, de que cuando a personas de esas características se les ha consultado asumir la PCM, todos sin excepción exigieron algo parecido: un gobierno de concertación básica, pero con fijación de límites claros ante el Congreso para detener el avasallamiento de instituciones, ministros con experiencia y algo de prestigio, autonomía para nombramientos claves, entre otras cosas.
En resumen, que la presidenta ceda poder a fin de lograr un poco más de orden y limitar las irracionalidades legislativas hasta que se inicie la campaña electoral. Estamos hablando de un plan de 14 o 15 meses. Claro, si antes alguna denuncia sólida y con evidencias no se termina de llevar a la presidenta.
Lo anterior supondría que la señora Boluarte haga conciencia de que su precariedad tiene efectos altamente nocivos para el país. No creo que ese sea el caso, lamentablemente.
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