:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/5d921a1a-6f29-49ec-b48b-c3522c485e59.png "Juan Paredes Castro")
Las últimas 96 horas nos han revelado cuatro poderes del Estado y algunos otros fuera de control responsable y equilibrado.
Devolverlos al ejercicio real y no a la pantomima de un Estado de derecho es lo que de veras importa, ¡urgentemente!
Dejarlos al margen o fuera de la ley no nos va a traer más inversiones. Nos va a hacer parias, eso sí.
En los liderazgos de estos cuatro poderes radica la disyuntiva de salir a la luz o mantenernos en la oscuridad.
La presidenta Dina Boluarte entendió finalmente que, cuanto más pronto responda a las diligencias fiscales sobre la tenencia de relojes de lujo y cuentas bancarias no esclarecidas, más pronto podrá disiparse cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito o desacato a la ley.
Sépase que el derecho constitucional que la protege de no ser acusada en su calidad de mandataria no la hace inmune de ser investigada en igualdad de condiciones ante la ley.
El aparatoso allanamiento a su domicilio por fiscales y policías rompió dos reglas básicas de conducta en una intervención legal que pudo ser limpia y respetuosa. No había que violentar la puerta de entrada a combazos en lugar de hacerlo con un descerraje técnico y rápido. La filtración de imágenes de la incautación afectó, asimismo, la reserva y confidencialidad consagradas por la propia orden judicial.
Un acto coercitivo de este tipo no faculta a jueces, fiscales y policías a ponerse por encima de la ley, ni a poner por debajo de la ley al imputado o imputada, a menos que haya resistencia violenta. Ingresar a un domicilio a pura fuerza bruta termina por desnaturalizar los actos judiciales, fiscales y policiales, y por afectar derechos humanos y debidos procesos, claves en toda investigación.
La misión de investigar delitos de alta complejidad en la esfera del poder no tiene que convertir a la Diviac en lo que parece convertirse cada vez más: en una policía política.
En otro escenario exclusivamente político, parlamentarios, ministros y comandantes generales de las Fuerzas Armadas y policiales han salido en defensa de la presidenta en un momento en que ella y ellos deben su lealtad al Estado de derecho.
Necesitamos, pues, un Ejecutivo, Parlamento, Ministerio Público y Poder Judicial realmente probos, íntegros y austeros. Todos dentro de la ley. Ninguno fuera de control. Necesitamos ver a otros poderes en lo mismo, sin ostentaciones de fuerza, arbitrariedad e impunidad como la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones.
Aquello de que no está mal un poquito de contrabando e informalidad ha escalado en el tiempo a dimensiones monstruosas de corrupción, crimen organizado e impunidad, hasta que todo rebalsa en lo que hoy tenemos: un Estado haciendo camino al andar hacia un Estado fallido.
