Cada cambio de gobierno reabre la misma pregunta: a quién nombrar. Con la transferencia en marcha, esa pregunta vuelve a la mesa de cientos de oficinas públicas. Y lo que se responda en los próximos meses definirá la calidad de la gestión de todo el quinquenio.
El Estado Peruano convive con dos lógicas. La confianza política en los nombramientos busca alineamiento con el gobierno de turno, mientras que el mérito técnico busca continuidad y capacidad de gestión. No son incompatibles. Se vuelven enemigas cuando la confianza se reduce a la afinidad partidaria y el mérito a un trámite formal.
Los números muestran hacia dónde se inclinó la balanza. Según Servir, el Estado tiene alrededor de 11.000 puestos de jefatura, de los cuales unos 4.500 son directivos públicos. Estos son quienes traducen las decisiones políticas en resultados. De este universo, menos del 5% accedió por concurso público de méritos y en gobiernos regionales y locales, prácticamente ninguno. La reforma del servicio civil, que existe desde hace más de 15 años, quedó estancada.
El costo es medible y basta mirar el Ejecutivo: durante este gobierno rotaron 456 directores generales y 74 secretarios generales en los ministerios y organismos adscritos. Cada rotación es una entrega de cargo, reiniciar la curva de aprendizaje, una política que se congela… Así se pierde el tiempo en obras que no arrancan y servicios que no llegan.
Aquí aparece la oportunidad, pues un gobierno que empieza siempre tiene un margen para hacer las cosas distintas, sin mayor costo político. No se le exigen resultados inmediatos, pero sí criterio. Es el momento de separar la confianza legítima que todo ministro necesita, del mérito que debe gobernar el resto de la estructura.
Compatibilizarlas no es teoría y requiere tres decisiones. Primero, acotar la confianza al Gabinete y los asesores, y cubrir las direcciones de línea por concurso. Segundo, para los puestos de confianza que queden, ternas certificadas, convenios de desempeño públicos y publicación de las hojas de vida y de la motivación de cada nombramiento y remoción. Finalmente, una fiscalización que mire idoneidad técnica y ética, no solo el cumplimiento de requisitos. El modelo chileno de alta dirección pública demuestra que se puede: el político elige entre candidatos certificados.
La confianza no es lo opuesto al mérito. Bien entendida, es su consecuencia. Uno confía en quien ha demostrado que sabe hacer el trabajo. Por eso profesionalizar la dirección pública no le quita poder a la autoridad política: le devuelve capacidad de gobernar.
La ventana está abierta. Pero suele cerrarse rápido.
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