El Perú ya conoce el costo de reaccionar tarde. El Niño Costero de 2017 dejó graves pérdidas humanas, materiales y sanitarias. En 2023, las lluvias asociadas al ciclón Yaku fueron seguidas por la mayor epidemia de dengue registrada hasta entonces: cerca de 273.000 casos y más de 430 muertes. En ambos episodios, las debilidades de los servicios, las fallas logísticas y una respuesta que llegó cuando la emergencia ya estaba en marcha agravaron las consecuencias. La lección es simple: prepararse cuesta, pero reaccionar tarde cuesta mucho más.
Hoy la urgencia es mayor. Antes de las lluvias, el país ya registra más casos y muertes por dengue y leptospirosis que en el mismo periodo del año anterior. La ventana para prevenir se estrecha y la de prepararse se cerrará en pocas semanas.
El obstáculo no es solo presupuestal: es de arquitectura institucional. Los gobiernos regionales administran los establecimientos, el personal y la operación cotidiana, pero sus capacidades son muy desiguales. Cuando una epidemia supera la capacidad de una región, el MINSA conserva la autoridad sanitaria nacional, pero no siempre dispone de personal propio, laboratorios, logística y reservas de insumos para intervenir con rapidez. La brecha decisiva no está entre la rectoría formal y los recursos, sino entre la autoridad del nivel nacional y su capacidad real para actuar oportunamente en el territorio.
Que esa capacidad salva vidas no es una hipótesis. En 2023, la letalidad por dengue fue de 0,41 % en Lambayeque y de 0,17 % a nivel nacional. Al año siguiente, con una carga similar de casos, la letalidad nacional cayó 42 %, en un contexto de mejor vigilancia clínica, capacitación y detección temprana. La diferencia está en la capacidad del sistema para actuar a tiempo.
La primera medida debería ser establecer un comando sanitario único del MINSA para enfrentar el FEN, que integre al CDC Perú, el INS, los servicios asistenciales, la logística y el control vectorial, en coordinación con las DIRESA y GERESA. Una emergencia exige una lectura compartida de la situación, conducción unificada y capacidad para mover recursos con rapidez.
La segunda es poner en funcionamiento un Centro Macrorregional de Salud Pública en Lambayeque, brazo operativo del MINSA para la costa norte, sobre las propuestas ya desarrolladas por el CDC Perú y el INS. Puede empezar a operar antes de noviembre con infraestructura existente y módulos prefabricados: laboratorio y diagnóstico molecular, equipos de respuesta rápida y un almacén estratégico movilizable. Las regiones mantienen la gestión ordinaria; el nivel nacional aporta capacidades especializadas cuando la emergencia las supera o compromete a más de una.
La tercera prioridad es preparar los servicios clínicos para reducir la mortalidad por dengue: unidades de vigilancia clínica, mayor capacidad de hospitalización, rutas de referencia, personal capacitado y un almacén macrorregional de insumos críticos que permita movilizar recursos según la demanda.
La cuarta es proteger la infraestructura sanitaria y asegurar la continuidad de los servicios. Tampoco es una hipótesis: en el FEN de 1997-98 resultaron afectados 557 establecimientos de salud; en 2017, 1.131; con el ciclón Yaku en 2023, 859. Antes de las lluvias deben reforzarse los establecimientos en riesgo, mejorar los drenajes y garantizar agua, energía y accesos, y cada red debe prever cómo reorganizar la atención si un establecimiento queda aislado o colapsado. Reponer siempre ha costado más que reforzar a tiempo.
El costo de reaccionar tarde ya está documentado. Tras el FEN de 1997-1998, la rehabilitación, reposición y respuesta del sector salud demandaron más de US$ 76 millones. Esa cifra, sin embargo, no refleja el costo más grave: las muertes evitables que una respuesta mejor preparada pudo haber prevenido.
El Gobierno cuenta con un instrumento idóneo para financiar e implementar las acciones orientadas a la emergencia, así como la reforma más profunda que se requiere en salud pública. Desde 2021 existe un proyecto de inversión del INS, cofinanciado por el Banco Mundial, orientado a fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Ese financiamiento constituye una oportunidad que el Gobierno podría capitalizar ahora, adecuando y ampliando su alcance para apoyar tanto la preparación y respuesta frente al FEN como la implementación de los Centros Macrorregionales.
Nada de esto reemplaza lo que finalmente decide la incidencia —agua segura, saneamiento y control vectorial con la comunidad—, ni cubre el otro frente del FEN: la sequía en la sierra sur. Pero sin servicios preparados, la distancia entre enfermar y morir se define en las próximas semanas.
El Niño ya comenzó. Lo que decidirá el saldo no será la magnitud del fenómeno, sino cuánto de lo que ya sabemos hacer alcancemos a hacer antes de noviembre.
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