El síndrome Pérez

La aparición del exfiscal José Domingo Pérez como abogado defensor de Pedro Castillo fue una sorpresa desagradable para quienes lo consideraban un héroe anticorrupción destituido por las fuerzas de un supuesto pacto corrupto. El acontecimiento tiene varias aristas que merecen considerarse porque en los próximos años ocurrirá, para bien o para mal, una reforma del sistema de justicia. Decimos para mal porque si algún sector político dominante –por ejemplo, el fujimorismo con aliados– emplea la misma receta que aplicaba el doctor Pérez a sus investigados, iremos de Guatemala a Guatepeor.

¿En qué momento comenzó la extraviada politización del Ministerio Público, con el apoyo de magistrados incompetentes –cuando no activistas– del Poder Judicial? Precisamente en el 2017, el año en que el doctor Pérez ingresó a las fiscalías de lavado de activos, cuando ya se había creado el equipo especial Lava Jato. No se crea que antes reinaba la objetividad. La institución había estado influida por magistrados de tendencia aprista, especialmente cuando era fiscal de la Nación el difunto José Peláez Bardales (por entonces su hermano Edmundo integraba el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombraba a las cúpulas). Tampoco se crea que Pérez fue el único protagonista de la desviación, pues, como es público, siempre estuvo acompañado del coordinador Rafael Vela.

Pérez ingresó para investigar el Caso Cócteles, cuyo objetivo era Keiko Fujimori. Antes lo tenía el fiscal Germán Juárez Atoche. Una vez a cargo, Pérez habría considerado “fujimorista” a Juárez, quien actualmente lidera Lavado de Activos tras llevar a juicio al expresidente Martín Vizcarra. Pérez consideró que Juárez no les había dado suficiente importancia a los hechos. El dato no es menor si se considera el final oprobioso que tuvo años después ese expediente contra Fuerza Popular. No había delito. También resulta significativo porque una manifestación de cierto tipo de sectarismo en el Perú es considerar sospechoso de fujimorismo a quien no desee ver tras las rejas a la candidata de Fuerza Popular.

Un testigo ha dicho que Pérez sacó la impresión de que Juárez era fujimorista luego de conversar con este. El testimonio es de Miguel Girao, uno de los imputados de la operación Valquiria. Con su versión, el fiscal Edward Casaverde archivó definitivamente las imputaciones contra el periodista Gustavo Gorriti por dichos de Jaime Villanueva, exasesor –como Girao– de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Girao dijo que, en las entrevistas con Gorriti a las que asistió, acompañando a Villanueva y a Pérez, no hubo un intercambio de beneficios entre las partes (lo que pudiera haber constituido delito). La influencia del Instituto de Defensa Legal y del propio Gorriti en la fiscalía ha sido materia de enconadas discusiones en el Perú; intervención que desde luego merece debatirse o cuestionarse, pero no se puede criminalizar a alguien por ser referente de magistrados o por escribir artículos a favor de sus fuentes en el Estado, salvo que existan pruebas de que recibió una compensación ilícita.

En la misma manifestación, Girao confirmó la versión de Villanueva de que él fue quien presentó a Pérez como un posible candidato para investigar a Fujimori. Villanueva declaró que le preguntó a Girao si conocía en el Ministerio Público a un hombre “valiente y loco” que pudiera espulgar a la lideresa de Fuerza Popular. Girao, que había trabajado con Pérez y que conocía sus legítimas aspiraciones por trascender, lo recomendó vivamente, no sin proferir una frase que, aunque no consta en su manifestación, me la reveló en una conversación telefónica:

–Ojo –le advirtió a Villanueva– que es una bala perdida.

Una revisión crítica de lo que ocurrió a partir de allí no puede cargar todas las tintas sobre Pérez ni sobre Vela, ni siquiera exclusivamente sobre el Ministerio Público. La fiscalía se precipitó a lograr un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht con el principal objetivo de poner en el asador a los partidos políticos. El gobierno brindó facilidades para que pudiera vender sus activos y repatriar su dinero. Buena parte de la prensa y la sociedad civil aplaudieron el proceso, haciendo a sus críticos sujetos de sospecha o vilipendio. Mientras tanto, la investigación de una banda de narcotraficantes en el Callao se transformó, en forma indiscriminada, en una moledora de magistrados supremos. No digo que sean éticos o ejemplares. Pero el hecho de que casi todos hayan vuelto –alguno falta por allí– tras demostrarse lo mal que los habían matado, demuestra la desprolijidad con que se hicieron las cosas.

La acción de Pérez estuvo, pues, acompañada de una especie de consenso social. Agréguese que en Brasil también había héroes civiles: el juez del caso Lava Jato, Sergio Moro, y el equipo de procuradores encabezado por Deltan Dallagnol. Me recuerdo a mí mismo, de pie, aplaudiéndolos, cuando Transparencia Internacional los premió en Panamá, en el 2016. Moro y Dallagnol habían obtenido confesiones espectaculares, logrando que las asociaciones civiles –no tanto el periodismo– los vieran como Batman y Robin. Así se consideraba aquí a Vela y Pérez.

Ya sabemos lo que ocurrió. Batman y Robin lograron que el expresidente Lula fuera condenado a nueve años y seis meses de prisión y que estuviera preso 580 días. Lula no pudo ser candidato en las elecciones de 2018, que fueron ganadas por Jair Bolsonaro. Para desencanto de su hinchada, Moro aceptó ser ministro de Justicia de Bolsonaro, confirmando que estaba parcializado. En el 2019, “The Intercept” publicó mensajes privados entre Moro y Dallagnol que demostraron una conspiración para acusar a Lula. Las evidencias aumentaron, determinando que el Supremo Tribunal Federal anulara todas las actuaciones del Caso Lava Jato. Sin la manipulación de las pruebas, Lula probablemente hubiera sido condenado por corrupción, pero la persecución lo rehabilitó a tal punto que fue elegido presidente en 2022. Ese año, Transparencia Internacional, cuyo ránking de países corruptos es un referente en el mundo, repudió públicamente a Moro y Dallagnol, después de que ambos apoyaran la reelección de Bolsonaro.

Es imposible no hacer un símil con lo ocurrido con Pérez en el Perú. Él pudo convertirse en abogado de Castillo sin levantar una crítica, pero lo hizo reivindicando su proyecto político, con lo que se desenmascaró. Ya Roberto Sánchez, travestido como Castillo, anunció que él sería su ministro de Justicia. Dicho esto, no puede condenarse que Pérez pida la libertad de su cliente. Pero bien vale esta pregunta: ¿por qué pidió prisión para Alan García, si vino desde España para cumplir con una diligencia judicial y se había allanado al impedimento de salida del país? Castillo tiene prisión preventiva porque fue detenido cuando intentaba fugarse a México.

El síndrome Pérez es que el activismo para aplicar la ley al enemigo político sigue presente en el país, en tirios y troyanos. Veamos, por ejemplo, cómo la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, luego de ganarle un juicio por difamación al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, desea que el Jurado Nacional de Elecciones lo inhabilite de inmediato como candidato al Senado, en virtud de una interpretación legal que lo permitiría. Pero la sentencia –harto discutible, porque penalizó opiniones extremistas que abundan en el debate político– solo ha sido anunciada, aún no posee la condición de tal, y la discusión volverá luego de los comicios. A su vez, Rospigliosi dijo que fue hecha por la “mafia caviar” que continúa enquistada en el Poder Judicial. Esto abre una interrogante sobre lo que ocurrirá en el próximo período. Es deseable una reforma del sistema, pero con cierto consenso en el Senado, que priorice la meritocracia por sobre las tendencias políticas en la judicatura.