Ya estamos plenamente instalados en el último año del gobierno de Dina Boluarte y hay pocas razones para mirar con optimismo el tiempo que falta hasta el 28 de julio del 2026.
Sería iluso pensar que la actual administración vaya a tomar conciencia sobre la oportunidad que, paradójicamente, representa su casi inexistente aprobación y que decida empujar la implementación de reformas que son costosas políticamente y que podrían ser imposibles para el próximo gobierno.
Como explicaba hace unos días al Diario “Gestión” Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la agencia Moody’s, la actual administración ha entrado, muchos meses antes que sus antecesores, en el estado de piloto automático que caracteriza a los gobiernos salientes durante las elecciones.
Será tal vez que la última vez que un mandatario cumplió cinco años en el gobierno fue hace casi una década, pero me cuesta imaginar a un presidente de un país como el nuestro desperdiciando el tiempo en Palacio, esperando a que llegue la hora para marcar su tarjeta e irse a su casa.
Esto resulta imperdonable si miramos la interminable lista de tareas que se requieren para convertirnos, al menos, en una nación funcional que tenga algo más que ofrecer a los inversionistas extranjeros que estabilidad macroeconómica y algo más que brindarle a sus ciudadanos que una angustiante supervivencia.
Pero el Gobierno parece satisfecho con un mediocre crecimiento cercano al 3%, con un avance que se siente imparable de la minería ilegal, con cifras de pobreza todavía por encima de las del 2019 y con un Estado que no funciona, al punto que la Autoridad Nacional de Infraestructura está paralizando obras porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no le transfiere recursos.
Mirar cómo las bancadas en el Congreso se han repartido las comisiones, tampoco permite esperar mucho del Legislativo. La Comisión de Presupuesto será presidida por Alianza para el Progreso (APP), que tiene la costumbre de llevar agua para su molino y, más específicamente, el de su líder, César Acuña. La Comisión de Energía y Minas, que tiene el reto de debatir una Ley de Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, ha sido dejada en manos de Víctor Cutipa, defensor de la minería ilegal y del contraproducente Reinfo. Y en la de Economía me gustaría imaginar que Fuerza Popular impondrá el sentido común, pero su apoyo a medidas antitécnicas y populistas en el pasado no permite confiarse del todo.
En el Perú no estamos para sentarnos a mirar cómo pasa el tiempo o para solo aprobar medidas que ganen aplausos. La apatía podría costarnos caro en las elecciones del próximo año.
