De cara a las elecciones, preocupan en especial un problema político-institucional y otro que se vincula con la capacidad y sensibilidad de quienes van en pos de la presidencia –y de sus fuerzas políticas– para sintonizar con la población.
En cuanto al primer asunto, es probable que quien gane en segunda vuelta obtenga una primera mayoría en el Congreso, pero estará lejos de la mayoría absoluta. Esto obligará a que deba pensar seriamente en establecer alianzas; de lo contrario, correrá el riesgo de pasar por el machete de la vacancia. ¿Qué tipo de alianza se empeñarán en formar quienes están hoy en carrera? Esto es: ¿quiénes reasentarán una alianza depredadora, como la que ha gobernado los últimos cuatro años? ¿Y quiénes, por el contrario, serán capaces de armarla en torno a un programa mínimo que –con la orientación que sea– se proponga gobernar y no privatizar y desmantelar aún más el Estado?
Resolver este primer escollo será crucial para romper la inercia del fraccionamiento político y las crisis recurrentes. Solucionar este desafío es condición indispensable para gobernar con eficiencia. Abordar este reto es imprescindible, incluso por razones pragmáticas.
El segundo problema tiene relación con la sintonía de las fuerzas políticas con la opinión pública. Las candidaturas de derecha están poniendo especial énfasis en la inseguridad y la delincuencia, asunto hoy prioritario sobre todo para la ciudadanía urbana. Para hacerla breve, la propuesta de sus representantes políticos, hasta ahora, es la “mano dura”. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, propuso en CADE el retiro de la Corte Interamericana, jueces sin rostro, “cárceles modelo Sepa” e inversión en inteligencia, entre otras iniciativas.
¿Qué plantean las candidaturas de centro y las de izquierda? En CADE también, Alfonso López Chau, de Ahora Nación, adelantó propuestas como reformar la policía y el sistema judicial, parte de una tarea que calificó como “recuperación moral” para recobrar la confianza en las instituciones.
Más allá de los cálculos electorales, en la lucha tanto contra la atosigante extorsión y el sicariato como contra el narcotráfico, la trata de personas, y la tala y la minería ilegales, quien asuma la presidencia deberá enfrentarse a mercados ilegales de alcance transnacional y resolver el vínculo de estos con la corrupción que afecta a instancias estatales. Acaso tendrá que hilar más fino, pues difícilmente la salida se encuentre, excluyentemente, entre las limitaciones de la “mano dura” y las generalidades de la “recuperación moral”.
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