Estado en emergencia

El estado de emergencia en varios distritos no resolverá el problema de la delincuencia. Pone en riesgo, en cambio, lo poco que queda de principio de autoridad.

Cuando termine el estado de emergencia y la delincuencia no acabe, ¿qué pasará con los maleantes? ¿Se arrepentirán o irán por más?

Mostrarse ineficaz y desorientado no es la mejor receta para desalentar el crimen. Es la mejor receta, más bien, para que avance la impunidad.

No está mal hacer batidas y controles de tránsito de motociclistas. Esa, sin embargo, es una medida complementaria y accesoria. Lo esencial es golpear a los cabecillas de las bandas, desarmar los circuitos del delito y recuperar el orden y la vigilancia.

No es un problema meramente policial. La policía muchas veces captura a los delincuentes y desarticula las bandas. Algunas veces, sin embargo, la fiscalía o el juez los suelta. Este es uno de los problemas más graves de la seguridad ciudadana: las fallas en el encadenamiento de la justicia.

Freddy Toro Acosta fue detenido porque sería cabecilla de una banda. Cumplía nueve meses de prisión preventiva. Antes del plazo, una jueza aceptó darle libertad condicional.

El Ministerio Público sostuvo que desaconsejó esta medida. La jueza, sin embargo, argumentó que declaró procedente el pedido de libertad a solicitud del fiscal a cargo. Este habría dicho que no había pruebas suficientes y que no era posible incorporar nuevos datos a la investigación (art. 344.2.d del Código Procesal Penal).

El imputado estaría vinculado al Tren de Aragua. Hay denuncias contra él por sicariato. Estaría involucrado en el asesinato de un joven cerca del Policlínico Risso, en enero del 2022. Habría actuado junto con el fenecido criminal ‘Maldito Cris’.

José Arnaldo Gonzales, también involucrado con estas bandas, obtuvo de la misma manera su libertad. La jueza sostuvo que los delitos no habían sido acreditados fehacientemente.

El propio ‘Maldito Cris’ fue detenido una vez y liberado. Lo detuvieron en el 2022, en flagrancia. La fiscal, no obstante, no encontró indicios suficientes para continuar con la acusación. Había asaltado a mano armada, robado un celular y, después, fue encontrado con otros 16 celulares robados, además de una pistola abastecida.

La delincuencia se aprovecha de los intersticios entre los distintos agentes de justicia. Nadie hace nada para resolver el problema del mal eslabonamiento de estas instituciones. No hay, en realidad, una sola autoridad que pueda resolverlo en cumplimiento de sus funciones.

La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, obviamente, no tienen ninguna autoridad común por encima de ellos. Se tiene que reformar el Código Procesal Penal, se tiene que cambiar el Código Penal y corregir el exceso de “garantismo” que beneficia a los delincuentes.

Las leyes (los códigos) las ve el Congreso. El Ministerio del Interior obedece al Ejecutivo; el Ministerio Público y el Poder Judicial son autónomos. ¿Entonces quién puede enhebrar los retazos sueltos de los que está hecha la administración de la justicia?

La presidenta Dina Boluarte debe convocar al Consejo de Estado, que reúne a los titulares de los poderes del Estado. No para las cámaras, sino con un documento en el que presente las reformas necesarias.

Esta reforma no le toca a nadie, pero afecta a todos, y todos deben colaborar.