El reciente paro de los transportistas de Lima norte contra las mafias extorsionadoras ha sido una respuesta extrema y desesperada ante la grave indefensión que padecen amplios sectores de peruanos –incluidos los comedores populares– frente a la arremetida de estas organizaciones.
El incendio provocado de 25 unidades de transporte en Independencia es señal de que la lucha contra esos grupos será prolongada y difícil. Como dice el comunicado de micro, medianos y grandes empresarios, en el Perú se ha instalado “un gobierno en paralelo” que socava la autoridad estatal y amenaza a miles de personas, así como a negocios de todo tipo y nivel.
Se entiende la urgencia de decretar el estado de emergencia en distritos de Lima, y la demanda de que el Congreso derogue la modificación del Código Penal que debilita la lucha contra el crimen organizado, en particular contra la extorsión. Pero estas medidas no bastan. Si se quiere abordar el reto en serio, se necesita un acuerdo entre transportistas, municipios distritales y ministerios del Interior y de Transportes. Son claves cuatro consideraciones: un plan de acción preciso, como reclaman los alcaldes de San Martín, Puente Piedra, Ventanilla y San Juan de Lurigancho (El Comercio, 29/9/2024); un mayor presupuesto para enfrentarse a la emergencia; compromiso de formalización de los transportistas –la informalidad los hace más vulnerables–; y fortalecer la respuesta inmediata y concertada del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, sancionando, además, toda muestra de corrupción.
La experiencia de la construcción civil es un ejemplo de cómo luchar eficazmente contra las mafias de extorsionadores. En este sector clave de la economía, el pacto entre los empresarios de la construcción y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil ha sido exitoso en su lucha contra las mafias que pululan en el rubro. Esto, a pesar del reciente asesinato de dos de sus dirigentes, un hecho que mereció el repudio conjunto de trabajadores y empresarios.
Los gremios de transportistas, el Estado central y los municipios distritales –la de Lima está ocupada en una desorientada agenda– pueden y deben diseñar y comprometerse en un pacto que replique, en su ámbito, la lucha contra las mafias. Urgen tanto el adecuamiento de las herramientas de gobierno para responder a la emergencia como la voluntad de los transportistas para formalizarse en serio, lo que, dicho sea de paso, deberá implicar la mejora de la calidad de su servicio.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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