Fiscales desbocados

El paso del tiempo hace cada vez más evidente que el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, si bien reveló corrupción en el sistema judicial, permitió a un grupo, que ocasionalmente actúa como una camarilla, consolidar sus posiciones en el Ministerio Público. Usó el caso para deshacerse de opositores internos. Un sector de la opinión pública y del periodismo defiende lo ocurrido, porque considera preferible un poco de injusticia a cambio de eliminar la corrupción. Pero lo que se comprueba es que las consecuencias pueden ser peores. Varios de los acusados ya regresan a sus puestos, con renovados bríos. Por otra parte, está pasando a ser común la práctica de fabricar casos a gusto de quienes controlan los instrumentos de denuncia. Son fiscales desbocados, sin control, que pueden denunciar a quienes los obstaculizan o los critican. Así ingresamos a otra forma de corrupción.

Es una mala práctica la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley. Está basada en dichos no corroborados de Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides, antecesora de Espinoza. Checkley habría aceptado de Benavides archivar una investigación contra su hermana jueza Enma, a cambio librarse de una que él tenía de cuando ejerció en Piura. Villanueva dice haber escuchado hablar del trato: no fue testigo directo ni mencionó a otra persona que lo fuera. Benavides negó la imputación, lo mismo que Checkley. El pasado 24 de junio, la Junta Nacional de Justicia, por unanimidad, determinó que el juez actuó correctamente, y consideró infundadas las afirmaciones de Villanueva. La lectura de la resolución no deja espacio para dudas.

Aunque cualquier ciudadano puede dirigirse al Congreso para denunciar, solo con presunciones, a altos funcionarios aforados, es distinta la calidad que se espera en un escrito del Ministerio Público. Requiere solidez, comprobaciones suficientes para que, si se aprueba el desafuero, el caso tenga fuerza en el Poder Judicial, donde ingresará a la fase de investigación formalizada. Este estándar debe cumplirse independientemente de la probidad con la que actúe la comisión congresal acusadora (puede ser atroz). Pero la estrategia de Espinoza no parece haber sido que su denuncia convenza en el Congreso, sino lograr impacto en los procesos relacionados con Benavides, con quien sostiene un notorio conflicto procesal. De otro lado, Espinoza aplica un doble rasero. Las declaraciones no corroboradas de Villanueva las consideró pertinentes contra Checkley y desechables cuando comprometieron al fiscal supremo Pablo Sánchez, respecto de la contratación irregular de una asesoría de comunicaciones, cuya investigación archivó.

Estamos ante un tipo de denuncias que no buscan perseguir un delito, sino mejorar posiciones de los fiscales en sus procesos, o en el enfrentamiento interno contra otros magistrados, o en el encaramiento a legítimos fiscalizadores, lo que ya es el colmo. Hay un ejemplo sórdido de esto último. Es la denuncia promovida por la magistrada Marita Barreto contra periodistas de Willax que terminaron implicados en una banda criminal por criticarla duramente como coordinadora del Eficcop. No había elemento objetivo para incriminarlos así. Podía haberlos denunciado por delito contra el honor o buscar a otra forma de resarcimiento, si hubiera sido el caso. La recurrencia a figuras penales reservadas para los elementos más peligrosos en la sociedad revela una grave distorsión en la actuación del Ministerio Público.

Otro ejemplo que no es mediático resulta valioso precisamente porque es uno de los muchos imperceptibles. Tuvo como protagonista al abogado de Lima Expresa José Arrieta. Fue denunciado penalmente por el fiscal José Domingo Pérez por haber introducido al proceso de Línea Amarilla una opinión experta que supuestamente no fue elaborada por el autor señalado. Cuando este experto –un octogenario– declaró ante el fiscal, no recordaba haber suscrito el documento. Pero después lo hizo. Escribió al magistrado alertándolo de su involuntario error y pidiendo declarar nuevamente para rectificarse. Pérez promovió la denuncia contra Arrieta sin esperar la nueva declaración, y más bien informó al juez que había requerido a otro fiscal que investigara al abogado. Al producirse finalmente la declaración rectificatoria, Pérez nunca reconoció su error, y más bien sugirió que el experto estaba siendo presionado. Previamente, en una audiencia de diciembre del 2024, Pérez acusó falsamente a Arrieta de haber revelado la identidad del colaborador José Miguel Castro, cuando él mismo lo había hecho anteriormente en un escrito dirigido al propio juez, e incluso en la prensa años atrás. Arrieta denunció a Pérez ante la autoridad disciplinaria fiscal, pero su pedido fue desestimado, pese a lo cual el magistrado dijo estar siendo amedrentado.

Tenemos entonces a tres figuras conocidas en el Ministerio Público, en tres niveles (supremo, superior, provincial), que plantean denuncias sobre premisas insuficientes o falsas, partiendo de sus propios intereses procesales, y distorsionando gravemente la misión y principios de una fiscalía. Este defecto se extendió a partir de los “buenos resultados” que obtuvo el operativo mediático-judicial obtenido en Los Cuellos Blancos del Puerto. Operativo que también acentuó un proceso de politización institucional, debido principalmente a la intervención del expresidente Martín Vizcarra.

La noche del lunes 9 de julio del 2018, el director de A3R.net Augusto Álvarez Rodrich –entonces columnista de “La República”– llegó retrasado a una cena que había pactado conmigo y el director de un diario extranjero. Antes nos había advertido del retraso, porque Vizcarra lo había invitado de súbito a Palacio de Gobierno para la misma noche, junto con otra persona a la que no identificó. El ambiente político estaba excitado. El sábado 7, IDL Reporteros había difundido, causando conmoción, los primeros audios del escándalo. “El Caso Cuellos Blancos se viene con todo”, dijo el recién llegado no bien tomó asiento en una mesa del Marchand, un restaurante ya desaparecido en Miraflores. El presidente, dijo, había conversado con las fiscales del caso, a las que apoyaría porque estaban siendo acosadas. Augusto tenía la impresión de que Vizcarra estaba bien enterado de lo que se difundiría en los días siguientes. En ese momento no conocíamos que la reunión de Vizcarra con las magistradas –Rocío Sánchez y Sandra Castro– se realizó un día antes de la cena, el domingo 8 de julio.

Doce días después, el recién elegido fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, nombró a Rafael Vela jefe del equipo del Caso Lava Jato. Se abrió una nueva etapa en la que se haría justicia hacia afuera, contra los corruptos de la política y la judicatura, y hacia adentro, contra los Cuellos Blancos de la casa. Es indudable que hubo logros en ambos procesos, pero, debido a la falta de control interno, al apoyo político progresista y al aplauso mediático, se cometieron horrores que descalifican cualquier sistema de justicia. Principalmente en tres ámbitos: las prisiones preventivas, las colaboraciones eficaces y las investigaciones secretas.

Solo dos botones de muestra. Uno, el propio Chávarry, a quien más allá de sus errores (negó varias veces una inocua reunión con gente de los medios que fue presentada como mafiosa), no se puede considerar un magistrado corrupto. Otro es el expresidente de la Federación Peruana de Futbol, Edwin Oviedo. Se le fabricó una acusación de asesinato en Chiclayo y otra como coimeador de jueces en Lima. Ambas farsas ya están demostradas. En el primer caso hay cosa juzgada después de un pronunciamiento de la última instancia judicial. En el segundo hubo una capitulación fiscal. Pues este año, silenciosamente, el Ministerio Púbico dejó de considerarlo miembro de los Cuellos Blancos. ¿Así como así, después de apresarlo y arruinar su reputación, resulta que el delator que lo perjudicó estaba loco o intimidado?