¿Flexibilidad necesaria o concesión riesgosa?

En medio de un clima político tenso y con el reloj legislativo avanzando, el debate sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vuelve a encender fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Mientras el Parlamento insiste en extender el plazo por dos años, el presidente José Jerí dejó entrever que una ampliación de un año “suena razonable”, aunque aclaró que la decisión debe ser “colegiada” con el premier y el Ministerio de Energía y Minas.

“Les doy un año y me evito las protestas” sería –para muchos críticos– la lógica política que estaría detrás de la postura del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la presión parlamentaria por obtener dos años levanta suspicacias sobre posibles beneficios electorales en zonas donde operan mineros informales.

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez advirtió en Canal N que no se puede seguir permitiendo que quienes “se enriquecen destrozando la naturaleza” continúen instalando mafias alrededor de la minería ilegal. Sin embargo, también subrayó la necesidad de proteger a la minería artesanal y a la pequeña minería.

“El Congreso tiene los instrumentos para separar la paja del trigo. Si no lo hacen, observaremos la ley y, si insisten, acudiremos al Tribunal Constitucional”, señaló.

La advertencia no es menor: el propio Tribunal Constitucional ya recordó recientemente que el Parlamento no puede aprobar normas que eximan de responsabilidad penal por delitos ambientales o contra la salud. La presidenta del TC calificó este tipo de pretensiones como una “licencia para matar”.

Una ampliación del Reinfo, en opinión de algunos especialistas, puede ser tolerable siempre que exista una clara diferenciación entre actividades artesanales y operaciones que ocultan minería ilegal o delictiva. Para ello, se plantean condiciones mínimas y fiscalización efectiva que eviten que el proceso de formalización sea un escudo para la ilegalidad.

A continuación, algunas condiciones mínimas necesarias para que la ampliación sea viable:

1. Protección de los trabajadores. La actividad minera en pequeña escala conlleva riesgos altos: manejo de explosivos, exposición a sustancias tóxicas, derrumbes, deficiente ventilación. Se propone implementar programas intensivos de capacitación y que los propios trabajadores exijan condiciones adecuadas. Osinergmin y el Ministerio de Trabajo deberían supervisar permanentemente. No se puede permitir más muertes por negligencia.

2. Control estricto del uso de explosivos. El uso de explosivos debe ser fiscalizado mediante polvorines autorizados y personal acreditado. La Sucamec debe impedir la venta indiscriminada que hoy permite que delincuentes accedan a explosivos con facilidad. No se deben facilitar explosivos a los criminales.

3. Regulación del comercio de sustancias químicas. El mercurio, cianuro, cal y ácido sulfúrico –claves para procesos extractivos informales– no pueden seguir circulando sin control. La Sunat debe reforzar el monitoreo y trazar claramente el suministro y uso de estos insumos. La Sunat, tan diligente en el cobro de impuestos, no hace lo mismo con el control de estas sustancias.

4. Zonas prohibidas para la minería. Casos como la minería en las Líneas de Nasca muestran cómo el Reinfo ha sido utilizado de forma abusiva. Lo mismo ocurre con la actividad aurífera en ríos amazónicos, que destruye bosques y contamina con mercurio a peces y poblaciones enteras.

5. Fiscalización ambiental real. Los inscritos en el Reinfo deben cumplir con el Igafom, su instrumento de gestión ambiental. La OEFA debe supervisar su ejecución y el Estado debe asegurarse de que no se generen nuevos pasivos ambientales.

Hoy ya existen más de 50.000 Reinfo huérfanos, cuyo costo de remediación podría ascender a US$25.000 millones, una carga que recaería sobre todos los peruanos. La ampliación del registro debe evitar agrandar ese pasivo.