Gobernar sí es difícil

“No es difícil gobernar un país. ¿Quién les ha dicho que es difícil?”, dijo José María Balcázar en febrero del 2026, al asumir la presidencia interina. La frase no cayó del cielo: tiene antecedentes. En setiembre del 2001, Alejandro Toledo afirmó que “gobernar es más fácil de lo que había pensado”. Y mucho antes, en el debate municipal de 1966, a Luis Bedoya Reyes se le atribuyó otra frase riesgosa: “Los técnicos se alquilan”.

Las tres expresiones tienen matices distintos. No es lo mismo la ligereza del recién llegado que la ironía de un político experimentado, ni el voluntarismo de quien cree que basta convocar gente capaz para que el Estado funcione. Pero todas revelan una misma tentación: reducir el oficio de gobernar a una fórmula sencilla. En el Perú, esa tentación suele reaparecer cuando hay entusiasmo, alivio o sensación de nuevo comienzo.

Hoy vuelve precisamente con ese rostro. Como ocurrió tras el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, parte del sector empresarial respira con alivio y muchos celebran que Keiko Fujimori haya planteado conformar un Gabinete con profesionales ajenos a Fuerza Popular y tecnócratas experimentados. Pero el riesgo está en confundir un buen anuncio con una garantía de buen gobierno.

Gobernar no consiste solo en tener buenas ideas ni en convocar buenos técnicos. Supone decidir bajo presión, ejecutar con un Estado desordenado, negociar con un Congreso fragmentado, enfrentar intereses creados y resistir la demolición diaria de la política.

La primera prueba será formar equipo. Entre el anuncio y la juramentación suele abrirse un desierto de excusas, cálculos y temores. La discusión de fondo ya no debería ser “caviares sí o no”, sino si quienes dicen querer un cambio están dispuestos a fajarse por él.

Conviene preguntarse, entonces, por qué profesionales que respaldaron esa opción y podrían aportar al país no estarían dispuestos a trabajar en su gobierno. Primero vendrán las razones económicas: “Cotizo en bolsa”, “no quiero ser una persona expuesta políticamente”, “mi empresa me necesita, sobre todo ante El Niño”, “mi sueldo paga el colegio, la hipoteca y la tranquilidad familiar”. Todas son razones atendibles. Nadie puede exigir heroísmo financiero a quien construyó una carrera con esfuerzo.

Luego aparecerán las razones personales: “Mi esposa me ha dicho que se divorcia”, “mis hijos me han pedido que no me meta”. También llegarán los rechazos envueltos en apoyo moral: “Estoy retirado, pero apoyo desde afuera”. Y no faltarán quienes tienen más cálculo que pudor: “El primer Gabinete no dura; encantado acepto una embajada”.

Por último, vendrá el miedo: “No quiero pasar diez años explicando una decisión que tomé de buena fe con la información disponible”. En el Perú se ha instalado una confusión peligrosa entre fiscalizar y paralizar. La lucha contra la corrupción es indispensable; pero, cuando el sistema castiga por igual al corrupto y al funcionario que decidió razonablemente, el resultado es un Estado acobardado. En demasiadas oficinas públicas, directores, gerentes y ministros prefieren no firmar, no resolver o dejar dormir expedientes antes que asumir una decisión que mañana podría convertirse en denuncia, titular o carpeta fiscal.

El problema, entonces, no está en decir que no. Nadie está obligado a sacrificar estabilidad, familia o tranquilidad por un cargo público. El problema aparece cuando quienes exigen reformas desde la comodidad del diagnóstico desaparecen cuando llega la hora de ejecutarlas. A quienes hoy celebran, opinan, aconsejan y reclaman “cambios estructurales” conviene recordarles algo: el país no se arregla con entusiasmo ajeno.

El próximo gobierno tendrá cinco años para empezar a encarrilar al Perú y necesitará algo más que aplausos. Necesitará gente competente, dispuesta a entrar, firmar, corregir, pelear y aguantar. Pero quienes pueden aportar no deberían hacerse a un lado cuando el país más los necesita.

Gobernar sí es difícil. Por eso importa quién acepta hacerlo. Y por eso, antes de decir que no, más de uno debería preguntarse si está ante un costo personal inevitable o ante una responsabilidad pública en un momento crítico. El país necesita soluciones, no excusas.