Hace unas semanas, Perú-Petro, la agencia a cargo de la licitación de nuestros lotes petroleros, decidió que los lotes I, VI y Z-69, ubicados en Talara, serían otorgados a Petro-Perú (empresa estatal). Lo hizo en tiempo récord (cuatro días) y sin concurso previo. Es decir, a dedo. En los últimos días y ante la oposición de los gremios y distintos expertos que han levantado la voz frente al despropósito que esto significa, la presidenta del directorio de Perú-Petro se habría quedado sin el apoyo de su directorio. Pero nada está claro.
Petro-Perú enfrenta una crisis estructural que hace que su operación no sea viable financiera ni económicamente. Solo en el 2022, recibió del Estado el equivalente al 1% del PBI: US$2.250 millones. Al segundo trimestre del 2023, lleva más de US$380 millones en pérdida y un déficit de capital de trabajo de US$1.040 millones. Esto es ocho veces el que tenía al cierre del 2022. Para poder cerrar el 2023, Petro-Perú está pidiendo un salvataje que nos costará a todos los peruanos unos US$3.200 millones. Además, Petro-Perú no tiene la capacidad ni el ‘know-how’ técnico para sostener una operación petrolera.
¿Cómo llegamos a esta situación? La injerencia política e ideológica en las decisiones empresariales y la falta de transparencia y de rendición de cuentas llevó a la toma de malas decisiones de las que nadie se hace responsable. Durante el gobierno de Humala, el Estado decidió invertir en un proyecto que no era viable económicamente, pero que le generaría réditos políticos; la Refinería de Talara, la inversión pública más grande en la historia del país: US$8.050 millones (costo directo y recursos públicos comprometidos). Un proyecto que nunca debió aprobarse, pero cuyo autor intelectual, Humberto Campodónico, sigue defendiendo. Aunque hace unos meses renunció a la presidencia del directorio de Petro-Perú, preocupado por el mal manejo corporativo y deterioro institucional que, por cierto, él ayudó a generar.
Lo cierto es que detrás de todo esto hay una decisión política del gobierno de Dina Boluarte para permitir que el Estado pueda hacer actividad empresarial y así capturar gerencias, directorios y los enormes recursos. Veamos. El 2 de febrero Dina Boluarte anunció en Talara que: “Los lotes petroleros I, I-VII y Z-69 serán nuestros, del Estado Peruano”. Maniquea declaración, porque ella sabe bien que los lotes, aunque bajo el control de operadores privados, son peruanos. De hecho, la gestión privada es siempre más eficiente que la pública y garantiza ingresos para los peruanos en regalías e impuesto a la renta. Bastante más que los que hace Petro-Perú que, al generar pérdida, no paga impuesto a la renta.
El ultimo martes, Oscar Vera señaló que es decisión del Gobierno que estos yacimientos petrolíferos pasen a manos de Petro-Perú. ¿Sabía que Vera es empleado de Petro-Perú con licencia? Tremendo conflicto de interés. Y es que el ministro y empleado de Petro-Perú deberá refrendar un contrato asignado a dedo a su empleador. ¿Por qué el ministro no renunció a su puesto al asumir la cartera? Queda claro que la ética no es algo que abunde en el Perú.
Los lotes que estarían siendo entregados a Petro-Perú están siendo operados por privados, que además han informado de su interés en negociar nuevos contratos sobre estos lotes, pero no han sido considerados por Perú-Petro. ¿Por qué? ¿Por qué Perú-Petro no ha convocado a un concurso internacional?
El 2 de mayo, Perú-Petro cambió los lineamientos para la calificación de interesados, eliminando el porcentaje mínimo del patrimonio neto residual para acreditar la capacidad económica-financiera. Gracias a esto, el 26 de agosto Petro-Perú fue calificada como sujeto económico.
La evidencia demuestra que en las empresas públicas existe (i) interferencia política en la toma de decisiones, (ii) falta de incentivos adecuados para el buen gobierno corporativo y (iii) falta de competencia, ya que el Estado suele incentivar el monopolio en los sectores en los que participa. Y esto último parecería ser lo que está detrás de esta decisión política: que Petro-Perú se haga cargo de los lotes petroleros del país. Y esto, como ha sostenido Anthony Laub, solo puede deberse a una de dos razones: o hay una enorme carga ideológica y sesgo político, o muchísima corrupción.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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