El presidente José Jerí tiene una oportunidad de oro para corregir los desaciertos económicos acumulados por el Congreso y el Ejecutivo y que hoy ponen en riesgo la estabilidad fiscal construida durante tres décadas. No es un debate técnico entre economistas: está en juego la capacidad del Estado para sostener servicios básicos y políticas sociales.
Entre el 2021 y el 2025, el Congreso aprobó más de dos centenares de leyes con impacto fiscal adverso. Casi la mitad se aprobó por insistencia, ignorando advertencias del Ejecutivo y de los organismos especializados. El Consejo Fiscal estima que el costo anual de estas normas asciende a decenas de miles de millones de soles, mientras otros proyectos con efectos similares siguen en trámite. Es una deriva populista que privilegia el beneficio inmediato y la sobrevivencia política por encima del rigor presupuestal.
Si esta dinámica persiste, la deuda pública entrará en una senda ascendente y podrá acercarse a niveles propios de economías en crisis. Un deterioro así pondría en cuestión la sostenibilidad fiscal y reduciría el margen de acción del Estado para invertir en los más necesitados.
El Congreso, sin embargo, no actuó solo. También hubo un Ejecutivo que toleró y, en los hechos, legitimó estos excesos al no utilizar las herramientas disponibles. Menos de la mitad de las normas con impacto fiscal fue observada para evitar confrontaciones con el Parlamento. Desde el 2021 se han presentado pocas acciones de inconstitucionalidad, pese a que varias leyes vulneraban el artículo 79 de la Constitución o imponían obligaciones desproporcionadas.
La primera corrección pasa por detener la sangría de recursos. Ello exige revisar de manera sistemática exoneraciones y privilegios tributarios que acentúan inequidades y drenan recursos que el Estado no tiene. A puertas del cambio de gobierno y ante la tentación reeleccionista, muchos congresistas podrían desplegar una ofensiva aún más agresiva para asegurar visibilidad y votos. El Ejecutivo deberá estar especialmente alerta y dispuesto a asumir el costo político de decir que no.
La segunda corrección exige acudir al Tribunal Constitucional (TC) –respaldado por entidades técnicas– para defender la racionalidad del artículo 79 y restablecer límites claros al populismo fiscal. Si el Congreso insiste en aprobar normas que comprometen el presupuesto, el Ejecutivo no solo puede, sino que debe, presentar demandas de inconstitucionalidad. El TC no puede seguir siendo un actor lateral en este debate: debe asumir el rol garante de la disciplina que la política ha abandonado.
Frenar el populismo legislativo es necesario, pero insuficiente. Jerí no puede limitarse a contener excesos ajenos; debe construir una agenda propia. Un mínimo irrenunciable incluye tres decisiones: emplear con firmeza las herramientas legales disponibles –observaciones, mecanismos de control constitucional y cuestiones de confianza dentro del marco legal– para acotar al Congreso cuando cruce líneas rojas fiscales; impulsar reformas tributarias y laborales que amplíen la recaudación y reduzcan rigideces que sofocan la productividad y perpetúan la informalidad; y acelerar la reglamentación de decretos y leyes pendientes, para que la inacción no neutralice la poca capacidad de reforma que aún existe.
Recordemos que el costo recae siempre sobre quienes menos tienen: escuelas sin mantenimiento, centros de salud sin médicos ni medicinas, programas sociales recortados o desfinanciados.
Si el presidente Jerí quiere ser recordado como un estadista capaz de preservar la viabilidad del Estado, esta es su prueba decisiva. Cuenta con algo que sus antecesores desperdiciaron: un capital político fresco –más del 58% de aprobación– y una ciudadanía receptiva cuando se le habla con honestidad. Destinar ese respaldo a sostener la ficción de que se puede gastar sin límites sería una irresponsabilidad histórica; emplearlo para decir la verdad, ordenar las cuentas públicas y blindar la estabilidad fiscal sería, en cambio, un acto de liderazgo. La verdadera seguridad no se juega solo en las calles, sino también en el presupuesto: un país que cede al populismo y desmantela sus finanzas termina siendo más inseguro, más desigual y sin horizonte.
El desafío es claro: Jerí puede optar por resguardar la disciplina que asegura el futuro o ceder al populismo que seduce en el instante y empobrece en el largo plazo.
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