Una vez más, los sectores que antes apoyaron a Pedro Castillo Terrones, y que últimamente lo hicieron con Roberto Sánchez Palomino, anunciaron que presentaron procesos de amparo para cuestionar el cómputo de votos de los peruanos en el extranjero, como mecanismo desesperado para continuar dilatando y cuestionado la futura proclamación de quien ganó las elecciones el 7 de junio pasado.
No es la primera vez que se busca impedir lo inevitable a través de ese derrotero, con la consabida pretensión de obtener manoseadas medidas cautelares dictadas por jueces cuyo desempeño en la judicatura deja mucho que desear, y que, hay que decirlo, fueron objeto de protección de la anterior Junta Nacional de Justicia.
Recordemos nomás las famosas –por aberrantes– medidas cautelares que en el 2021 se obtuvieron para paralizar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, o las que en el 2023 buscaron impedir provisionalmente la elección del defensor del Pueblo. O, cómo no recordar, las resoluciones judiciales que se emitieron a favor de la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez en la otrora Junta Nacional de Justicia, esperadas pacientemente por la progresía para resolver favorablemente el recurso de reconsideración que en su oportunidad Piero Corvetto presentó para lograr, con éxito, su lamentable ratificación como jefe de la ONPE en julio del 2024.
Así, los nobles fines de los procesos constitucionales, que no son otros que los que con nitidez señala el artículo 2 del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional (garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos; así como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa), quedaron deslucidos por el actuar de malos magistrados que no respondieron a su rol natural dentro de un Estado de derecho, sino que actuaron como peones políticos para algarabía de muchos (recordemos nomás a quienes desde el derecho avalaron todas las tropelías institucionales que Martín Vizcarra realizó en su nefasto paso por el poder; muchas de las cuales aún venimos padeciendo).
Los referidos fines, que son transversales a todos los procesos constitucionales, deben entenderse de manera conjunta, sin que pueda admitirse una interpretación aislada o inconexa, algo que pareciera no se entiende o, quizá, mejor dicho, interesadamente no se quiere entender.
La búsqueda por judicializar la política la ha hemos venido sufriendo con mayor intensidad en la última década. Si revisamos algunos casos realmente escandalosos, veremos cómo hay jueces que la anterior Junta Nacional de Justicia ratificó a pesar de los pronunciamientos que incluso el Tribunal Constitucional hizo respecto de su desempeño aberrante. Hay sectores que realmente hicieron de la judicatura un coto de caza, a vista y paciencia de todos.
No se puede admitir este tipo de interferencia carente de todo sentido, como tampoco se puede seguir dando atención a la muletilla de que en la primera vuelta se dio un fraude. Irregularidades graves existieron sin lugar a duda, pero ellas, como se ha visto, no afectaron el resultado.
Los factores que, casi siempre, definen una elección tan apretada no son los aciertos del triunfador, sino los errores que cometen los adversarios. Algunos deberían reflexionar y seguir los pasos fundamentales previos que requiere la confesión católica: hacer un auténtico examen de conciencia, con contrición y arrepentimiento y, ojalá, por el bien de nuestra democracia, propósito de enmienda.
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