Plan K

Hace 26 años finalizó el último régimen autoritario en el Perú. Quienes gobernaron y cometieron crímenes durante la década de 1990, fueron procesados por un sistema judicial democrático. Alberto Fujimori estuvo encarcelado más de 16 años, de los 25 por los que fue sentenciado. Si bien, no murió en prisión, casi. Fue indultado básicamente para poder morir en su casa, nueve meses después. Ningún otro mandatario latinoamericano cumplió tanto tiempo en condena en su propia tierra. En un país donde la impunidad ha reinado, Fujimori pagó.

Keiko Fujimori recolectó activos y pasivos del legado político de su padre y creó un partido, Fuerza Popular, en suelos infértiles para la construcción partidaria. Luego de cuatro candidaturas presidenciales, esta es la primera en la que es la cabeza indiscutible de su propio movimiento. No tiene disputas internas que resolver ni facciones que satisfacer. Desde el 2006, ha conseguido convertir su respaldo en las urnas en representación parlamentaria. La bancada naranja se ha convertido en el garante del modelo económico, pero no siempre ha sido una oposición sensata. Unas de cal; otras de arena. A pesar de derrotas electorales, judiciales y políticas, en un país donde la incertidumbre domina, sabemos que, en cinco años, FP va a seguir ahí.

Para sus detractores, Keiko Fujimori lidera un proyecto político que ha sido la prolongación perversa del gobierno de su padre. No solo lleva una “mochila pesada” sino que además porta un “ADN autoritario” (sic). Para sus defensores, ha contribuido a la longevidad del modelo con un partido organizado y cohesionado, a pesar de sufrir meses de prisión sin sentencia. Pongamos ambos períodos en una balanza: una década de autoritarismo versus dos de competencia democrática. La cuarta segunda vuelta consecutiva a la que llega Keiko Fujimori nos devuelve a una encrucijada pendiente que tenemos como país. ¿Qué hacemos con el fujimorismo? ¿Le seguimos negando la posibilidad de retornar al poder como castigo por su “pecado de origen” o le damos finalmente la oportunidad de demostrarnos que está en condiciones de llevar al país por un rumbo correcto?

No somos el primer país latinoamericano que se enfrenta a este tipo de dilema. Chile y Colombia, para hablar solo de dos vecinos, resolvieron situaciones similares sin sobresaltos. El pinochetismo y el uribismo, respectivamente, demostraron que pueden gobernar respetando las reglas democráticas y los derechos humanos, no menos que cualquier otra gestión de izquierda. Obviamente tienen preferencias conservadoras en lo social y de mercado en lo económico, y no la pasan bien lidiando con la protesta social. Pero no retornaron a la mano dura dictatorial en sus respectivas sociedades. ¿Acaso no es esta la manera más saludable de disolver totalmente los rezagos autoritarios? ¿Acaso la absoluta consolidación democrática de la derecha convencional no es el primer paso para prevenir el germen de la nueva derecha radical o extrema? ¿Acaso los herederos del autoritarismo del siglo XX no pueden ser los guardianes de la democracia del siglo XXI?

No es la primera vez que los peruanos le damos una segunda oportunidad a un proyecto político. En el 2006, votamos por el retorno del Apra al poder luego del desastre que había significado su gobierno en la década de 1980. Al terminar el primer gobierno de Alan García, en 1990, con escandalosos niveles de hiperinflación, violencia política y crisis generalizada, muy pocos hubiesen imaginado que veinte años después, una segunda administración presidida por él mismo dejaría el país con sus mejores cifras económicas de la historia reciente. Con todo lo criticable a Alan II, no quedan dudas que ha sido, de lo que va del siglo XXI, la administración con mejores indicadores de desempeño público. ¿Acaso no es la reivindicación histórica el mejor incentivo que tienen políticos dispuestos a limpiar sus reputaciones? ¿Será posible que, en julio del 2031, confirmemos la maduración política de la lideresa fujimorista como lo hicimos con García en el 2011? ¿Es Keiko la nueva Alan?

El plan K ha consistido en demostrar la capacidad de resiliencia del fujimorismo. Hoy quedan en ridículo quienes pronosticaban que correría el mismo destino que el odriísmo u otros movimientos personalistas. Más que bases orgánicas, ha desarrollado una identidad política; más que una doctrina, ha adoptado ideas-fuerza. El surgimiento de una derecha populista radical como Renovación Popular, le ha permitido distinguirse más claramente como proestablishment, aun manteniendo la vocación por recuperar llegada en zonas populares urbanas. Tiene cuadros que movilizan en el territorio, mientras sus rivales invierten solo en reels para TikTok. Y todo ello desde la derrota y la oposición, lo cual revela que ha generado vínculos políticos que no dependen del clientelismo, como otros partidos menores. No hay un proyecto partidario más persistente.

Por otro lado, FP es un partido que ha olvidado su vocación de mayoría. Si bien ha remontado caudal electoral (de dos millones de votos en la primera vuelta del 2021 a casi tres millones hace un mes), no pasa del 15% del padrón electoral. Ha perdido incluso el monopolio de la representación de su sector ideológico, al punto que su principal obstáculo para llegar a Palacio de Pizarro no es el castillismo sino el antifujimorista de derecha. Pero esta vez, Keiko Fujimori no tiene que prometer si indultará o no a su padre, o si firmará o no una hoja de ruta democrática. El palabreo monse de las “dudas y certezas” solo sirve para asentar la lógica del mal menor. Su éxito dependerá de salir de esta dinámica “anti”, de polarizaciones insensatas. Porque cuando los problemas más urgentes agobian, pierde sentido odiar.