La encrucijada de Jerí

El presidente José Jerí está montado sobre una dura encrucijada, muy distinta de la que caracterizaba a Dina Boluarte, que consistía en administrar el caos y en flotar sobre el calendario hasta el 2026.

Jerí debe elegir entre avanzar sin tregua en el cumplimiento de sus objetivos planteados, como el de liberar al país del crimen organizado, o detenerse a lidiar, a cada paso, con el fuego graneado de los que han perdido poder y buscan recuperarlo al costo político y electorero que sea, incluida su vacancia.

Recuérdese que la cláusula constitucional de la vacancia presidencial se ha convertido en un instrumento político letal muy a la mano de quienes con un número ideal de votos del Congreso pueden cambiar, de la noche a la mañana, la suerte del Poder Ejecutivo y del sistema democrático.

Jerí tendrá también que avanzar, sin demora ni concesiones políticas a sus adversarios, en la recuperación de valiosos espacios de diálogo y reconciliación, como el Acuerdo Nacional, que la polarización política radical los ha anulado desde hace mucho tiempo.

Haber despertado y sacado en pocos días al gobierno y al Estado de la inercia y la parálisis a las que los había llevado Dina Boluarte representa un primer paso importante de la gestión de Jerí, pero a su vez despierta las iras de un intolerante revanchismo político e ideológico que no va a perdonarle ningún tipo de éxito.

Moverse así, entre una agenda, la suya, que persigue acabar con la criminalidad en las calles, y otra agenda, la de sus adversarios, que busca, mediante la violencia política organizada, la desestabilización del régimen y del país, requiere de un alto grado de racionalidad y un firme ejercicio de mando y autoridad.

A raíz de la reciente marcha en las calles de Lima, convocada supuestamente como manifestación pacífica y democrática contra el gobierno de turno, y que terminó con lamentables saldos de violencia extrema, Jerí ya debe tener una idea muy clara de cómo se mueve cada vez entre bastidores una maquinaria política muy bien organizada y planificada, disfrazada de protesta, con fines eminentemente criminales. Habrá que distinguir mejor en adelante qué pretende una protesta pública, por severa que sea: expresar una voluntad realmente pacífica y democrática o esconder, bajo este signo, el típico y sorprendente “caballo de Troya” de la violencia.

Lograr que el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público lo reconozcan no solo como jefe de Gobierno, sino como jefe del Estado, con la capacidad y autoridad para convocarlos, persuadirlos y comprometerlos en la guerra contra el crimen organizado, tendrá que ser el segundo gran paso del presidente.

Ello supone, entre otras cosas, que Jerí no puede dejar pasar una definición urgente entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, sobre con qué autoridad fiscal debe y tiene que combatirse a una criminalidad reinante e impune, si las pugnas al interior de esta instancia lo han desviado políticamente de su cauce institucional natural y la han vuelto tristemente vulnerable.