Una región bajo asedio del crimen

Un evento navideño que debía traerles felicidad a un grupo de niños se transformó, en cuestión de segundos, en un infierno cuando dos sujetos abrieron fuego contra los asistentes. Su objetivo era la regidora municipal Elena Rojas, que el último jueves se encontraba repartiendo juguetes en el centro poblado de Sausal de Chicama, en La Libertad, y quien murió producto del ataque, mientras que siete personas quedaron heridas, seis de ellas menores de edad.

La tragedia ha conmocionado a una región que ha tenido un 2025 sangriento (hasta noviembre acumulaba más de 200 homicidios, según el Ministerio del Interior) y en el que ha sufrido atentados con explosivos que reavivaron los peores recuerdos de la violencia terrorista. Por más duro que suene, La Libertad se ha convertido en un páramo en el que los delincuentes disparan a vista de todos, y en el que ya nadie puede sentirse a salvo: ni autoridades ni jueces ni periodistas. Hace dos semanas, Fernando Núñez Guevara, periodista del portal Kamila TV, fue acribillado por delincuentes en la provincia de Pacasmayo mientras regresaba de una cobertura. Y unos meses atrás, en octubre, un sujeto ingresó al despacho del juez Víctor Hugo López de la Cruz, de Chicama –el mismo distrito en el que asesinaron a Rojas–, y le disparó seis veces.

No está de más recordar que esta ola de violencia ocurre mientras gran parte de la región se encuentra bajo estado de emergencia. El próximo febrero se cumplirán dos años desde que el Gabinete de la entonces presidenta Dina Boluarte decretó esta medida para la provincia de Trujillo, y nadie podría decir que ha dado resultados. Lo que significa que, si el Gobierno –ahora bajo la conducción de José Jerí– continúa haciendo lo mismo, la situación solo empeorará.

Pero la crisis que atraviesa La Libertad es también responsabilidad de César Acuña, quien fue gobernador de la región desde enero del 2023 hasta el pasado octubre, y que ahora busca llegar a la Presidencia de la República después de haber sido una autoridad ausente, que prefería irse de viaje para cumplir otros compromisos en lugar de honrar la promesa que había asumido con los liberteños al pedirles el voto en el 2022. Una promesa que no le importó romper cuando todavía le quedaba más de un año de gestión con tal de priorizar sus ambiciones políticas.

Finalmente, lo ocurrido esta semana en Chicama no es solo un asesinato más; es un preámbulo aciago de lo que puede suceder el próximo año, cuando habrá elecciones generales y subnacionales bajo un clima de violencia desbocada. Es urgente que las autoridades actúen, empezando por garantizar que crímenes como los de Elena Rojas y Fernando Núñez no queden impunes.