Claves del crimen en Chicama: quién era Elena Rojas, cómo la mataron y qué amenazas recibía

Minutos antes de 5 de la tarde del jueves 18 de diciembre, en la plazuela del centro poblado de Sausal de Chicama, en La Libertad, la regidora municipal Elena Rojas Alcalde fue acribillada durante una chocolate navideña en la que participaban decenas de niños. Según testigos, dos sujetos irrumpieron en el evento a bordo de una motocicleta y uno de ellos abrió fuego contra la funcionaria mientras repartía juguetes. El violento ataque dejó otras siete personas heridas, entre ellas seis menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 13 años.

¿Qué se sabe del asesinato de Elena Rojas?

La regidora fue asesinada en un ataque a balazos que expone la violencia creciente en la región La Libertad. Videos grabados por testigos muestran los momentos en que un grupo de personas intenta auxiliar a Elena Rojas y trasladarla en un vehículo hacia el hospital.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope efectúa las diligencias preliminares con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

El levantamiento del cadáver se realizó con presencia de las autoridades competentes y fue trasladado a la Unidad Médico Legal de Ascope, donde aun permanecen. La Defensoría del Pueblo informó que “debido a que el técnico necropsiador se encuentra de licencia”, se ha dispuesto el traslado de un especialista desde Trujillo para realizar la necropsia de ley, tras lo cual el cuerpo será entregado a sus familiares.

La gobernadora regional de La Libertad, Joana Del Rosario Cabrera Pimentel, informó que ha pedido al Ejecutivo un equipo especial de investigación policial para determinar los responsables del crimen. Además, añadió que faltan al menos 3.000 policías para cubrir seguridad en la región.

¿Quién era Elena Rojas y cuál era su rol en el municipio?

Rojas Alcalde (60) fue elegida regidora distrital de Chicama por el Movimiento Regional Fortaleza Perú. Desde el 2023 estaba afiliada al Partido Aprista Peruano. Como regidora del concejo distrital de Chicama, participaba en la fiscalización de la gestión municipal del alcalde Edilberto Bada Castillo y en la aprobación de ordenanzas y acuerdos locales. Hace un año, la regidora denunció ser víctima de una “política clara de amedrentamiento y ataques cobardes” por su labor de fiscalización y denuncias ante instancias como la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía especializada en delitos de corrupción. De hecho, advirtió en un video publicado en diciembre del 2024 que intentaron atentar contra su vida y que, desde el ámbito político, hubo varias tentativas para suspenderla de funciones y vacarla por su posición critica con la gestión edil.

Tras el asesinato, Bruno Carbonel, el hijo de Elena Rojas, indicó que junto a toda su familia espera que las investigaciones del año pasado a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúen, ya que ella indicó en su momento a los presuntos responsables. “Nadie más que ella tenía claro de la red criminal que trataba de silenciarla”, señaló en un post en Facebook. Carbonel reafirmó que su madre nunca recibió pedidos de dinero (coimas) y que las amenazas eran de origen político, siempre vinculadas a su rol fiscalizador dentro de la municipalidad.

De acuerdo con Julio César Morán Otiniano, secretario regional del Apra en La Libertad, Rojas quería ser alcaldesa de Chicama. Según declaró al medio regional Investiga, apenas el último martes sostuvieron una reunión de coordinación con miras a su candidatura. “Era una mujer muy dinámica, hiperactiva, con fuerte trabajo de proyección social en colegios, capacitaciones y actividades dirigidas a jóvenes y niños. Tenía una vocación moralizadora y un entusiasmo permanente por servir a su comunidad. Su muerte es una pérdida muy grande y este crimen debe investigarse hasta el final”, declaró a dicho medio.

¿Cuál es el estado de los heridos?

Cuatro de los heridos, de entre 7 y 13 años, fueron referidos al Hospital Regional Docente de Trujillo por traumatismos y lesiones por PAF (proyectil de arma de fuego). El resto, también con heridas de PAF, fueron referidos al centro Médico Especializado Essalud Casa Grande. La Defensoría del Pueblo informó que la situación de los niños es estable. Una de las menores fue dada de alta la noche del jueves, mientras que los otros tres menores permanecen en observación médica. De los que continúan internados, una niña fue intervenida quirúrgicamente, con evolución favorable.

La Defensoría también alertó que en el Hospital de Chocope de EsSalud se habría exigido el pago de 50 soles por la atención en emergencia a los heridos bajo el concepto de “garantía por atención nocturna por emergencia”. Por ello recordó los alcances de la Ley N.° 27604 y su reglamento, que obligan a todos los establecimientos de salud del país a brindar atención inmediata en situaciones de emergencia vital a cualquier persona. “De igual manera, ante la falta de insumos médicos requeridos para la intervención quirúrgica de una de las niñas atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo, sus familiares tuvieron que adquirirlos de forma particular, pese a su situación económica”, añadieron.

¿Cuáles son los antecedentes del crimen?

El 12 de diciembre del año pasado, la regidora denunció públicamente haber sido víctima de amenazas a través de mensajes de texto y la colocación de explosivos debajo de su vehículo en el frontis de la Municipalidad de Chicama. En un video grabado por la misma funcionaria -recuperado hoy por el medio local Ozono Televisión- vinculó los intentos de intimidación a sus denuncias por presuntos actos de corrupción en la gestión edil.

“Confío en que la Policía Nacional y la Fiscalía realizarán las investigaciones correspondientes para determinar al responsable material de estos hechos, pero, sobretodo, a los responsables intelectuales que fueron las personas que pagaron por atentar contra mi integridad, pensando no solo amedrentarme a mí sino que pretenden, con este hecho escandaloso ejecutado en el frontis de la municipalidad, amedrentar a la población que reclama la falta de atención de sus problemas, la mala ejecución de obras públicas y actos de corrupción de los que todos nos damos cuenta”, dijo.

El crimen de Elena Rojas ocurre apenas dos meses después del asesinato del juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz, quien fue baleado por dos sicarios dentro de su propia oficina en Chicama, el 10 de octubre de 2025. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, denunció que el ataque se produjo por cumplir con la ley, y “no haber cedido ante las amenazas de la expedición de certificados de posesión de terrenos que no correspondían”.

Otro antecedente violento es el asesinato del teniente alcalde del distrito de Chao, Eulalio Valverde Bargas, a manos de sicarios que lo atacaron en las inmediaciones del mercado Santa Rosa de Virú, en La Libertad. El crimen ocurrió el 15 de marzo del 2025 a plena luz del día.

A estos asesinatos también se suma el crimen del periodista Fernando Núñez Guevara, director del portal de noticias Kamila TV, quien fue atacado a balazos cuando se desplazaba junto a su hermano en una moto lineal a la altura de la curva de La Barranca, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo (La Libertad).

¿Cuál es el contexto de inseguridad en Perú en el último año?

El Perú atraviesa una crisis de violencia que se ha profundizado en 2024 y 2025. Según los registros del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), el 2024 fue el año con mayor número de homicidios en al menos ocho años ya que se registraron más de 2 mil homicidios, lo que representa un incremento de más de 34% respecto al 2023. Mientras tanto, este 2025, solo en agosto se registraron 210 muertes por homicidio.

Según datos oficiales durante el primer semestre del año se registraron 661 homicidios por sicariato. Las denuncias por extorsión también han experimentado un incremento sustancial: hasta octubre de 2025 se habían registrado más de 23.000 denuncias, frente a alrededor de 18.000 en todo 2024, lo que se traduce en una denuncia cada 19 minutos en todo el país.

Aunque el presidente José Jerí ha asegurado que su gestión realiza una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y criminalidad organizada, los hechos delictivos no han menguado. En los primeros dos meses del gobierno se perpetraron al menos 375 homicidios, según los registros del Sinadef. El analista de datos Juan Carlos Carbajal informó que la mayoría de homicidios en los últimos 68 días (73.9%) han sido ocasionados por proyectil de arma de fuego (PAF).