Hay algo comprensible en el optimismo de quien por fin llega. Tres elecciones perdidas dejan cicatrices, y cuando la victoria finalmente se materializa, es humano querer gritarla, prometerla, convertirla en un número que suene contundente. Keiko Fujimori lo hizo esta semana: le dijo a un diario ecuatoriano que el Perú crecerá 3,8% este año y entre 5% y 6% en el 2027. Es la clase de promesa que se siente bien anunciar en una entrevista, pero que se vuelve peligrosa cuando alguien, en algún ministerio, tiene que cumplirla.
Porque ese número no lo respalda nadie más. La OCDE proyecta 2,9% para ambos años. El Banco Central de Reserva apenas llega a 3,4% en el 2026 y 3,2% en el 2027. El Banco Mundial ni siquiera se acerca al 3%. La distancia entre lo que promete Fujimori y lo que calculan los técnicos no es un matiz: es casi el doble. Cuando la brecha es así de grande, alguien está equivocado o alguien está vendiendo una ilusión.
No digo que el entusiasmo esté fuera de lugar. La confianza empresarial que mide el BCR se disparó en junio tras su victoria, y eso, sumado a un cobre y un oro en precios récord, podría efectivamente empujar la inversión privada. Pero hay un fenómeno que no negocia con el ánimo de nadie, y ese es El Niño.
El fenómeno de El Niño podría ser uno de los más intensos desde 1950. El Centro de Predicción Climática de EE.UU. elevó al 81% la probabilidad de que este fenómeno sea “muy intenso” y se prolongue hasta la primavera del 2027.
Credicorp Capital Asset Management ya hizo la cuenta: entre fines del 2026 y comienzos del 2027, el FEN podría restarle a la economía peruana unos S/16.000 millones –más de un punto del PBI– en un escenario moderado a fuerte. Es una cifra tan seria que la propia Credicorp ya bajó sus proyecciones de 3,8% a 3,3% para este año, y de 4,3% a 3,5% para el próximo. Este país ya aprendió que la factura que deja El Niño a su paso no es poca cosa.
Y la va a cobrar, otra vez, en el norte. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad son las regiones que más sufren cada vez que El Niño aparece, porque ahí viven el agro y la pesca, los sectores más expuestos. La paradoja es que, justo ahora, el presupuesto por habitante para esa zona es casi 30% menor en términos reales que el promedio de la última década, según el IPE. Se necesita más plata justo donde hay menos.
Tampoco ayuda que la Autoridad Nacional de Infraestructura, la entidad que heredó la tarea de prevenir y reconstruir, avance tan despacio. Tres de cada cuatro obras de su cartera empezaron antes del 2023, pero la ejecución financiera promedio no llega ni al 36% de lo comprometido. Tiene los mecanismos, pero no la velocidad.
Nada de esto significa que el gobierno de Fujimori esté condenado antes de empezar. Lo importante es que la presidenta electa y su entorno entiendan que la prevención ante El Niño debe ser una prioridad absoluta desde el primer día de gobierno. Pero también deben saber lo difícil que será mover una burocracia lenta, oxidada, ineficiente y en ocasiones corrupta, por más voluntad política y sentido de urgencia que exista.
No se trata de caer en un pesimismo irracional. Se trata de advertir que liderar un país tan complejo como el Perú colocando la valla tan alta puede convertirse en un búmeran: ese entusiasmo inicial corre el riesgo de transformarse, más temprano que tarde, en desgano y frustración permanente.
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