La vulneración de las libertades

En los últimos 20 años se ha instalado en el Perú una tarea constante por deformar los hechos con la intención de que todo sea discutible y, muchas veces, punible a partir de mentiras y no desde la verdad. El objetivo fue lograr acceder al poder y eliminar al rival. Y así se utilizó al Ministerio Público y al Poder Judicial y se forzaron figuras legales para encarcelar o desaparecer al adversario político y amedrentar a sus simpatizantes.

Durante años hemos sabido que los jueces y fiscales en el Perú reciben capacitaciones con un sesgo ideológico. Pero no hemos reparado en ello. La justicia se ha utilizado, además, como plataforma que lanzaba a la fama a jueces y fiscales de pocas luces, pero embargados por un inmenso afán de notoriedad y celebridad. Y los peruanos les hicimos el juego al permitir la judicialización de la política y la vulneración de garantías constitucionales.

Uno de los efectos de la polarización política es que hemos dejado de lado la defensa de la ley y las instituciones. Pasamos por alto actos de corrupción y buscamos explicar hechos que se alejan de la legalidad cuando se trata de nuestros amigos, mientras que cuestionamos duramente y buscamos sanciones impecables para quienes, habiendo hecho lo mismo que los otros, no comparten nuestra ideología.

Como no hay principio más preciado que la libertad, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido que solo por razones muy excepcionales se debe privar de la libertad a una persona sin que previamente se haya demostrado judicialmente su culpabilidad. Sin embargo, el abuso de la prisión preventiva y la filtración de información judicial privilegiada a medios afines a intereses determinados se volvió una constante. Muchas veces, esta era celebrada cuando quien era privado de su libertad era alguien con quien no compartíamos ideas ni visión. Y no tuvimos el valor de levantar la voz, aunque sabíamos que en el camino se estaba destruyendo una de las principales instituciones de un país: el sistema de justicia.

Hace unos días, el periodista Umberto Jara publicó en su cuenta de Facebook una crónica donde detallaba la creación de un mercado ilegal de denuncias por lavado de activos y hacía responsable de esto a los tres fiscales del Caso Lava Jato: Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche. Estos fiscales, mientras perseguían a unos extendiendo figuras legales donde no aplicaban, liberaban a otros contra quienes los indicios eran claros.

En su ambición por fama, jueces y fiscales, con la excusa de la democracia y la lucha contra la corrupción, han destruido instituciones básicas del derecho. Sin garantías constitucionales y frente al abuso de figuras como la del lavado de activos, todos los peruanos nos encontramos hoy desprotegidos. Jara sostiene que “ha surgido un mercado turbio y delictivo entre policías y fiscales corruptos que, siguiendo el ejemplo de los fiscales del Caso Lava Jato, estiran el concepto de lavado de activos para inventar denuncias sin ningún fundamento y terminan generando verdaderas e injustas pesadillas a los implicados”. Los afectados son ciudadanos de a pie, como usted y como yo, sin vinculación a partidos políticos, empresarios o personas que hoy están siendo investigadas por lavado de activos sobre la base de acusaciones falsas. Y esto es sumamente peligroso, porque cuando la justicia se imparte de manera sesgada, deja de ser justicia y se convierte en un arma.

Cuando las figuras legales se fuerzan, por ejemplo, para enviar a prisión por 36 meses sin acusación penal a un ciudadano, no hay garantías constitucionales. No hay Estado de derecho. ¿Pero qué es el Estado de derecho? Es el sistema de normas e instituciones al que todos los ciudadanos de un país debemos someternos y que nos garantiza, además, que todos somos iguales ante la ley. Sin un sistema de justicia confiable, los ciudadanos estamos indefensos frente a los abusos. Es urgente levantar la voz y arrojar luz sobre lo que viene sucediendo en el Ministerio Público y el Poder Judicial. No debemos permitir que las libertades de todos los peruanos sean vulneradas por grupos delincuenciales enquistados en el sistema de justicia.