Leyes en campaña

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha vuelto a criticar a la prensa aduciendo que se destaca solo lo negativo y no las normas positivas. Se trata de una narrativa también empleada desde Palacio de Gobierno, pero que, al igual que la presidenta Dina Boluarte, Salhuana olvida que su gestión destaca más por sus errores que por sus aciertos.

Sin irnos muy lejos, en el último mes se han aprobado una serie de normas cuestionables que el propio Congreso promociona como grandes logros. Uno de los mayores ejemplos es la norma que modifica al IGV y al Foncomún, con el fin de otorgarle mayores recursos a las alcaldías distritales. Según estimaciones del exministro de Economía Waldo Mendoza, el Gobierno perderá unos S/10.000 millones anuales gracias a esta ley del Congreso.

Si uno revisa el dictamen de la Comisión de Economía del Congreso, puede darse cuenta de que esta norma se aprobó sin un análisis serio. La única opinión favorable que obtuvieron fue de la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, dos grupos interesados en que sus representados reciban más dinero para sus fondos. El Ministerio de Economía realizó observaciones, pero, como ya es usual, estas no fueron tomadas en cuenta.

A esto se suma la precaria situación de ejecución presupuestal de los gobiernos locales en proyectos de inversión. En este Diario demostramos que, a finales del 2024, solo cuatro de 1.800 municipios lograron ejecutar el 100% de sus partidas. Bajo ese escenario, ¿cuál es el interés de otorgar mayor presupuesto a autoridades que no ejecutan? La razón de fondo está en las próximas elecciones.

Una mayor inyección de dinero a las arcas municipales beneficia a los partidos con mayor número de autoridades a escala subnacional. Estos son Alianza para el Progreso y Somos Perú. Siendo ingenuos, podríamos pensar que buscan utilizar los mayores recursos para inaugurar obras que mejoren la imagen de su gestión y hacer proselitismo a favor de sus logos partidarios. Siendo mal pensados (o quizás realistas) podrían desplegar esquemas donde terminen favoreciendo a las logísticas de las campañas de sus partidos.

Esta norma también parece ser un premio consuelo para los alcaldes, debido a que aún no se consiguen los votos para aprobar su reelección y la de los gobernadores. Semana tras semana, el bloque que impulsa esta norma –nuevamente, APP y Somos Perú– viene asegurando a los alcaldes que ya cuentan con los votos, pero al final no colocan el tema al debate en el pleno. Esta última semana les han dado una fecha (entre el 3 y 5 de junio). De no conseguir los votos, también les han prometido que vienen presionando al Ejecutivo para que se les otorgue un nuevo crédito suplementario. ¿Adivinan a qué partidos pertenecen los alcaldes que saldrían más beneficiados de un crédito suplementario?