Del container al basurero

Un reportaje difundido este domingo por el programa “Panorama” da cuenta de una realidad que continúa deteriorándose: S/98 millones perdidos en medicamentos vencidos en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) –aunque la Contraloría General de la República estima la cifra en S/56 millones–. De ellos, más del 70% vencieron entre abril del 2023 y abril de este año. Se trata de medicamentos que se compraron y se dejaron almacenados sin llegar a ninguna institución de salud, y lo más alarmante es que lotes que fueron adquiridos el año pasado ya están por vencer.

“Si no hay, tienen que comprar”, dice una trabajadora del hospital nacional Hipólito Unanue preguntada por el reportero sobre la falta de medicinas. Fármacos para tratar el cáncer, el sida, las enfermedades cardiovasculares, y que, en teoría, están cubiertos por el Seguro Integral del Salud (SIS).

Lo anterior grafica la carencia de un vínculo entre la programación, la compra, la gestión de inventarios, la demanda en los servicios y el pobre uso de las tecnologías de la información. En el caso del cáncer, otros productos pueden estar en riesgo de vencimiento, porque se adquieren sin tener una demanda sustentada en la cadena de prestación de los institutos regionales de enfermedades neoplásicas y otros centros especializados. Esto es, se compran medicinas necesarias, pero no son usadas por la falta de una mirada sistémica, de procesos y la ausencia de articulación entre las distintas instancias del sistema de salud.

El Cenares, al no manejar información nacional de demanda, de suministro, de inventarios y de capacidad de uso de los hospitales más especializados, tiene un sobrestock de medicinas con el consecuente riesgo de su vencimiento.

Si bien la adecuada provisión de medicamentos y servicios es de larga data, el desmantelamiento de la meritocracia que emprendió el gobierno de Pedro Castillo, y que no corrige quien fue su vicepresidenta, muestra hoy sus resultados. Por ejemplo, una iniciativa que se liquidó fueron las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas eran empresas privadas que atendían a asegurados de Essalud con la calidad y la oportunidad establecidas en el contrato, lo que permitía tener un menor tiempo de espera para las citas médicas, una mayor percepción de calidad, una mayor capacidad de resolución de los problemas de los pacientes, entre otras bondades. El modelo UBAP era más económico que el esquema tradicional de salud y daba un menor margen para la corrupción. La única explicación de que se haya eliminado en lugar de replicarlo tiene que estar justamente ahí: qué importa la salud del resto cuando yo, funcionario corrupto, puedo sacar mi tajada.

Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, señala en el citado reportaje: “Nosotros, como médicos, día a día tenemos que estar obligados a pedir perdón a nuestros pacientes por no contar con los medicamentos, mientras lamentablemente vemos al señor ministro que, en lugar de hacer gestión en el ministerio, defiende a la presidenta y es portavoz o vocero del Gobierno en aspectos que no tienen nada que ver con esta crisis sanitaria que tanto nos preocupa y que nos indigna”.

Para más señas sobre la situación de nuestro sistema de salud, “Cuarto poder” denunció que el laboratorio de emergencias del hospital Arzobispo Loayza, que este gobierno reinauguró el pasado enero, no funciona. No solo está cerrado e inoperativo, sino que funge como depósito.

A ver si el Congreso de la República, tan diligente para aumentarse sus sueldos, pero tan poco dado a fiscalizar aspectos que impactan, literalmente, en la vida de los peruanos, decide poner los ojos en este tema.