El nuevo atentado terrorista de ayer contra la minera Poderosa, con el derribo de otra torre de alta tensión ubicada en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, casi al mes de la destrucción de dos instalaciones similares, debería obligarnos a poner los ojos y la prioridad tanto en lo urgente como en lo importante.
Preocupa, para empezar, que este ataque se produzca en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno en la provincia contigua de Pataz.
Las bandas criminales de la minería ilegal no van a abandonar las zonas de producción aurífera, teniendo en cuenta los actuales y proyectados niveles de precios. El combate a este flagelo debería demandar una acción concertada entre planes de inteligencia y acciones de represión, y cortar de raíz los focos de corrupción que pueden estar creándose en la policía para permitir la circulación de mercadería ilegal por vía terrestre.
En simultáneo, el ministro Rómulo Mucho ha ratificado el cierre definitivo del Reinfo para diciembre de este año. Aunque ya vimos el músculo que tiene la minería ilegal en el Congreso vía bancada propia (ya la quisiera el Gobierno). Y no sería nada extraño que ese plazo se extienda aún más.
No obstante, creo que como sociedad nos estamos negando a ver el bosque completo. Las actividades ilegales, junto a sus brazos armados, quieren desaparecer o bloquear las actividades empresariales formales porque son un obstáculo para su expansión y una competencia directa para su despliegue económico. Es el caso específico de la minera Poderosa y otras operaciones mineras de menor tamaño en otras zonas del país.
A diferente escala, es lo que sufren varias inversiones inmobiliarias en la costa, incluso en Lima Metropolitana, con las mafias de tráfico de terrenos, que incluso se dan el lujo de financiar (informalmente, claro está) a personas de muy bajos recursos para que adquieran lotes que no les pertenecen.
O de las pocas empresas de la Amazonía que han logrado poner en marcha actividades ligadas a la cadena exportadora, no solo rentables, sino también social y ambientalmente responsables y promotoras de la protección de los ecosistemas, acosadas judicialmente por ONG que terminan haciéndole el trabajo al narcotráfico y a la tala ilegal si cumplen su sueño de cerrarlas.
Está bajo ataque lo poco de formalidad que queda. Y son las empresas y la inversión privada, como expresiones directas de esta, el objetivo a destruir.
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