Nada que celebrar

Finalmente, el Perú logró extraditar a Alejandro Toledo, sobre quien pesan serias acusaciones de corrupción. Y aunque hay quienes están celebrando la extradición de Toledo, esta, más que una celebración, debería llevarnos a reflexionar sobre nuestra democracia e instituciones. Tal como sostienen Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea, el Perú vive hoy un vacío democrático (ellos lo llaman vaciamiento democrático). Esto es, nos enfrentamos a un espacio desierto, donde no existen actores, líderes, ni partidos que tengan legitimidad y capacidad de organización como para permanecer a largo plazo en la escena política nacional.

El eje de una democracia liberal son los partidos. Una democracia sin un sistema de partidos estables, institucionalizados y organizados, que sobreviven a sus fundadores, donde existe militancia e incentivos adecuados, es débil y vulnerable a ser seducida por líderes populistas, demagógicos y fugaces, con una agenda de intereses personalísimos. Tal como ocurre en el Perú. Uno de los mayores daños a la institucionalidad política ocurrió cuando se prohibió la reelección de alcaldes y gobernadores y luego la de congresistas. Nuestros partidos políticos no son más que “vehículos políticos caudillistas”, que llevan al poder a personajes de dudosa reputación, sin capacidades y con una agenda en defensa de intereses particulares y billeteras que no representan a sus electores ni tienen como objetivo el desarrollo del país. Su mayor objetivo parecería ser enriquecerse indebidamente. Estos vehículos políticos se arman y desarman a demanda. Por ello, quienes llegan al poder lo hacen sin el soporte de una estructura partidaria, ni los incentivos adecuados para hacer un buen gobierno. Cuando uno forma parte de una organización (en este caso un partido político), se debe a esta, y es la misma organización la que, en teoría, te exige rendición de cuentas. Porque, además, la organización buscará su subsistencia más allá del líder de turno. Una democracia funcional necesita que los políticos tengan un horizonte de mediano y largo plazo, que les permita plantear acuerdos y que los obligue a ser leales con los adversarios (Vergara y Barrenechea).

No es un logro que todos los presidentes del país desde 1990 hasta hoy hayan estado presos o hayan desaparecido enfrentando procesos por corrupción. Por el contrario, esto ha generado una insatisfacción de los ciudadanos con la democracia, cansados de una clase política que consideran corrupta e intransigente y una clase empresarial mercantilista y abusiva, amparada en privilegios y prebendas.

En los últimos años, la economía del comportamiento (‘behavioral economics’) ha sido utilizada por las ciencias políticas para analizar la forma de pensar de las personas y poder entender por qué actúan de una y otra manera, no siempre racional, pero sí influenciada por distintos sesgos. De esta manera se busca ver la forma en que se puede influir en su toma de decisiones. De hecho, la economía del comportamiento ha tomado fuerza como un instrumento para crear políticas públicas que tengan un mayor impacto, ya que sus principios se utilizan para estimular a que los ciudadanos realicen cambios en su conducta.

Y aunque uno quisiera que la extradición de Alejandro Toledo sirviera como ejemplo para el resto de los políticos peruanos, la realidad es que este no es el caso. En una sociedad frívola como la nuestra, el premio a la viveza criolla hace que, en general, el peruano premie los resultados (la riqueza), sin importar cómo fueron obtenidos. Así, la corrupción y la trampa se convierten en instrumentos válidos y solo se exige un análisis de cálculo. ¿Qué probabilidades tengo de ser ampayado? Y de serlo, ¿qué pasaría? En Latinoamérica, y en particular en el Perú, somos culturalmente permisivos, y esta permisividad se manifiesta de forma transversal en toda la sociedad.

Y mientras algunos celebran ver enmarrocado al cholo sano y sagrado, tal vez deberíamos dejar de ver el ejercicio de la justicia como una venganza. El Perú solo será viable en la medida en que logremos atraer a la política a personas que tienen como objetivo la construcción de un país, que puedan generar relaciones de confianza con otros, aunque piensen distinto, para poder llegar a acuerdos que nos saquen de la crisis en la que nos encontramos.