Niñas, no madres

Las fotografías de las niñas del albergue “La Casa del Padre”, administrado por la congresista Milagros Jáuregui y su esposo, exponen la extrema vulnerabilidad de las menores. El albergue acoge a niñas que, tras sufrir violencia sexual, han sido persuadidas de continuar con sus embarazos, lo cual plantea serias dudas sobre un posible uso instrumental de su situación con fines de recaudación.

En la Declaración Jurada de Intereses de Jáuregui, la asociación vinculada al albergue es su principal fuente de ingresos, con la que habría financiado la adquisición de una vivienda valorizada en cerca de medio millón de dólares. Preocupa que el Ministerio de la Mujer derive víctimas a refugios que acumulan cuestionamientos por presuntos maltratos. Entre los antecedentes mencionados, se registrarían alertas policiales por la desaparición de menores que residían en “La Casa del Padre”.

La ONU, en el caso “Camila”, sancionó al Estado peruano por negarle el aborto terapéutico a una niña de 13 años que fue abusada por su padre. Por su parte, la OMS advierte que el embarazo en niñas incrementa el riesgo de complicaciones graves. Dado que sus cuerpos aún están en desarrollo, se incrementan las emergencias vinculadas a hipertensión severa, eclampsia, hemorragias e infecciones, y el riesgo de muerte durante el parto puede ser hasta 50% mayor que en mujeres de 20 a 24 años. Esto último ocurre porque los huesos de su pelvis aún no han terminado de ensancharse, de modo que un parto vaginal resulta imposible o de sumo peligro.

Los efectos psicológicos no son menores, señala Josefina Miró Quesada, abogada experta en violencia de género. Además de haber sufrido agresión sexual, la cual suele ser perpetrada dentro del núcleo familiar, las niñas no cuentan con la madurez cognitiva para comprender los cambios físicos ni la responsabilidad de la maternidad. El estrés de ser ultrajada, sumado a la transformación de su cuerpo y la obligación de parir, produce un quiebre emocional que a menudo deriva en trastornos de estrés postraumático (TEPT) crónicos.

La citada jurista nos indica que en el Perú el aborto terapéutico es legal (artículo 119 del Código Penal) para salvar la vida o evitar un daño grave o permanente en la salud de la gestante. Este debe ser realizado por un médico con consentimiento, antes de las 22 semanas, y tras la evaluación de una junta médica.

Según un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, casi el 50 % de condenados por agresión sexual son familiares de las víctimas (el 33% de casos ocurren dentro del hogar). Sin embargo, son escasas las denuncias, por lo que la gestación no se percibe hasta que el cuerpo de la niña empieza a cambiar, cuando ya es demasiado tarde.

Existe una crueldad particular en persuadir a una niña de que Dios espera que tenga un bebé fruto del abuso y, al mismo tiempo, culpabilizarla por rechazarlo. Esta forma de presión moral busca presentar la maternidad como una decisión “voluntaria” de la menor y, con ello, blindar la continuidad de la gestación frente a posibles cuestionamientos. El aborto terapéutico, en cambio, responde a una finalidad humanitaria, ya que procura proteger la vida y la salud de la gestante y permitir que las niñas continúen con sus vidas, sin añadir nuevos daños físicos y psicológicos a los ya provocados por la violencia sexual. Recordemos siempre que son niñas, no madres.