No es novedad que el Perú vive una crisis institucional en la que se viene imponiendo el poder puro y duro. Partidos que en las presidenciales del 2021 eran antagónicos –unos en pro de “defender la democracia de las desgracias del comunismo” y los otros en favor de “cambios radicales desde la izquierda”– ahora pactan de manera reiterada y hoy vuelven a encender su voluntad de capturar el sistema judicial, en particular el Ministerio Público.
En el Congreso han intentado desaforar a cuatro fiscales supremos –Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos–, aduciendo su resistencia a la Ley 32130 (10/10/2024), que otorga la conducción de las investigaciones preliminares del delito a la policía. Consiguieron, en la Comisión Permanente, los votos para insistir en que Delia Espinoza, ratificada por el Poder Judicial como fiscal de la nación, sea inhabilitada por 10 años. A diferencia de este caso, en los otros no alcanzaron los votos necesarios para su pase al pleno.
El abogado de tres fiscales acusados, Samuel Abad, señaló con claridad, en la Comisión Permanente, que en el Congreso se está abusando de la figura del control político: “Por una discrepancia interpretativa, [se] pretenda destituir e inhabilitar por 10 años a cuatro fiscales supremos”, cuando, de acuerdo con la Constitución, le corresponde al Ministerio Público “conducir desde su inicio la investigación del delito” (art. 159, inc. 4).
El arbitrario tratamiento saltó las fronteras: la relatora especial sobre la independencia de jueces y fiscales de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, se pronunció sobre el caso de Delia Espinoza: “Me alarma bastante que la Junta Nacional de Justicia haya abierto una investigación por abuso de autoridad contra el juez que ordenó su reincorporación […] y me sorprende que el 25 de noviembre la Comisión Permanente del Congreso debatiera y aprobara una moción para inhabilitar a la fiscal Espinoza por 10 años”. Tal parece que las iniciativas congresales buscan destituir a fiscales incómodos –muchos parlamentarios tienen investigaciones abiertas– y, en plena campaña electoral, legitimar su control sobre aún más ámbitos institucionales. La coronación de intenciones es la propuesta de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso de otorgarle atribuciones a la Junta Nacional de Justicia para que nombre fiscales provisionales (Ministerio Público) y jueces supernumerarios (Poder Judicial): con esto ya tendrían la llave de las puertas que les falta abrir para capturar el sistema judicial.
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