
“Nadie está libre de, por acción u omisión, cometer un delito”. Este argumento, que suena más bien a una confesión sincera, fue esgrimido el jueves en la noche por Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, durante el debate en el pleno en el que finalmente se aprobó el dictamen de insistencia en el restablecimiento de la detención preliminar en casos de no flagrancia.
La bancada del partido que tiene un líder prófugo de la justicia no solo intentó dilatar sin éxito la votación, sino que fue el único grupo parlamentario que votó en contra del regreso de esa figura legal.
La posición de Perú Libre no sorprende. Hace unos meses El Comercio reveló que el autor del artículo que eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia fue Waldemar Cerrón y que este fue camuflado en un proyecto que se acumuló con otro de Fuerza Popular en un predictamen que fue aprobado por la Comisión de Justicia. Ni los que votaron a favor ni los que lo hicieron en contra en aquella oportunidad se dieron cuenta de la trampa oculta en el texto.
Desde que su hermano Vladimir pasó a la clandestinidad, el menor de los Cerrón ha impulsado, por lo menos, una docena de proyectos que afectan o debilitan el sistema de justicia. El representante de Junín ha utilizado la Comisión de Justicia, bastión de Perú Libre en el Congreso, para convertirla en una maquinaria que produce de manera industrial iniciativas en beneficio propio, con el beneplácito y la vista gorda de las bancadas aliadas del cerronismo.
Los excesos en la lucha contra la corrupción de algunos fiscales y de los jueces negligentes que actúan como mesa de partes de estos fiscales han desatado desde hace un tiempo un enfrentamiento entre congresistas y Ministerio Público. Esta pugna a veces llega a extremos absurdos como la aprobación de esta norma cerronista que terminó beneficiando a delincuentes de todo tipo. La moraleja de la historia de la eliminación de la detención preliminar es que cuando se legisla con el hígado, el único perjudicado es el ciudadano de a pie.