¿Quién formaliza al Estado?

Dos intervenciones recientes, aparentemente separadas, plantean una conversación que el Perú necesita con urgencia. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, sostuvo que, sin una buena administración pública, basada en la meritocracia, será muy difícil progresar. Por su parte, el ministro de Economía, Elmer Cuba, ha anunciado cuatro grupos de trabajo para enfrentar problemas estructurales como la informalidad laboral, el acceso al financiamiento, la inversión pública y la evasión tributaria. Ambos tienen razón. Pero falta unir las dos piezas: no será posible formalizar sostenidamente la economía si no formalizamos también al propio Estado.

La informalidad no consiste únicamente en carecer de RUC, licencia municipal o contrato de trabajo. También existe cuando las reglas son confusas, se superponen distintos regímenes laborales, la remuneración no guarda relación con la responsabilidad, los ascensos no dependen del desempeño y la permanencia o salida de un funcionario está sujeta al ciclo político. Bajo esta definición, el Estado Peruano también padece una grave informalidad institucional. En la administración pública conviven trabajadores sujetos a los decretos legislativos 276 y 728, contratos CAS, servidores comprendidos en carreras especiales y quienes han ingresado al régimen de la Ley del Servicio Civil. Personas que realizan funciones similares pueden tener remuneraciones, beneficios, estabilidad e incentivos completamente diferentes. A ello se suman consultorías, fondos de apoyo gerencial y otras modalidades creadas para cubrir las deficiencias del sistema. Este laberinto no protege adecuadamente al buen servidor ni ayuda a separar al que no cumple. La reforma impulsada mediante Servir nació precisamente para ordenar este desarreglo. La Ley del Servicio Civil, aprobada en el 2013, buscaba establecer una carrera basada en perfiles, concursos, evaluación, capacitación y progresión por mérito. Sin embargo, su implementación perdió prioridad política y se empantanó entre excepciones, resistencias y normas contradictorias. Servir terminó burocratizándose: la institución creada para simplificar y modernizar la gestión de personas fue acumulando procedimientos, directivas y exigencias documentarias que hicieron más lento y complejo el tránsito al nuevo régimen.

No se trata de negar los avances logrados ni la necesidad de contar con una autoridad rectora. Pero una reforma del servicio civil no puede medirse por el número de manuales, matrices o cuadros de puestos aprobados. Su éxito debe evaluarse por la capacidad del Estado para atraer, desarrollar y retener talento, reconocer al buen funcionario y mejorar concretamente los servicios que recibe el ciudadano. El deterioro se ha profundizado en los últimos años. Demasiados cargos técnicos se han convertido en cuotas políticas; profesionales experimentados encuentran pocos incentivos para trasladarse temporalmente del sector privado al público; y jóvenes calificados descubren que servir al Estado puede significar contratos precarios, remuneraciones poco competitivas y escasas posibilidades de construir una carrera. El resultado está a la vista, el reclamo ciudadano frente al paupérrimo servicio del Estado es pan de cada día.

La meritocracia no significa gobernar exclusivamente con tecnócratas ni desconocer derechos laborales. Significa que cada puesto tenga un perfil claro, que el ingreso y el ascenso dependan de capacidades demostradas, que el desempeño sea evaluado con criterios objetivos y que los buenos funcionarios puedan permanecer aunque cambie el gobierno. También implica remuneraciones razonables, capacitación continua y mecanismos eficaces para corregir el bajo rendimiento y sancionar la corrupción.

Mi sugerencia es que a los cuatro grupos anunciados debería añadirse un quinto: el de reforma y formalización del servicio público. Tendría que reunir a la PCM, el MEF, Servir, gobiernos regionales y municipales, universidades y líderes de la gestión del talento de los sectores público y privado. Su encargo no sería producir otro diagnóstico, sino presentar una propuesta integral, con prioridades, costos, responsables y plazos verificables. Esta propuesta debería simplificar progresivamente los regímenes laborales; recuperar concursos públicos transparentes; profesionalizar la dirección pública; facilitar el ingreso de jóvenes y el intercambio temporal de talento entre el Estado, la academia y la empresa; y vincular la progresión laboral con resultados medibles. También debe rediseñar y fortalecer Servir, simplificando sus procedimientos y orientándola hacia la gestión estratégica del talento, no hacia la administración de trámites.

Formalizar al pequeño empresario exige reducir costos, simplificar impuestos y ofrecer beneficios visibles. Formalizar al Estado requiere una lógica semejante: reglas comprensibles, incentivos correctos y consecuencias frente al incumplimiento. Un Estado con trabajadores precarios, autoridades improvisadas y puestos repartidos como botín carece de legitimidad para exigir formalidad a los demás. Recuperar el servicio público es una reforma económica porque eleva la productividad; social porque mejora los servicios; y política porque reconstruye la confianza.