La verdadera prevención comienza mucho antes que la emergencia. No consiste únicamente en planificar una respuesta rápida frente a un terremoto, inundación o evento climático, como el fenómeno de El Niño. El reto es implementar las condiciones que impidan convertir una amenaza natural en una tragedia humana con alto impacto económico.
El Perú necesita, con urgencia, un plan nacional de reducción de vulnerabilidades que trascienda gobiernos y períodos presupuestales. No basta contar con mapas de peligros, diagnósticos o documentos técnicos si esa información no termina orientando decisiones de inversión. Necesitamos una estrategia que identifique las zonas e infraestructuras más expuestas, establezca prioridades, asigne responsabilidades y asegure recursos para intervenir de manera sostenida.
El primer paso es fortalecer la infraestructura existente. Carreteras, puentes, defensas ribereñas, hospitales, colegios y redes de agua y saneamiento deben evaluarse según su criticidad y nivel de exposición. No podemos intervenir todo al mismo tiempo, pero sí determinar qué infraestructura reforzar primero para evitar que una emergencia paralice ciudades enteras o deje a millones de personas sin servicios esenciales.
Esta mirada, por cierto, debe incorporarse desde la formulación de cada proyecto a futuro. La inversión pública debe considerar criterios de resiliencia climática y seguridad sísmica desde el diseño. Construir con mejores estándares puede implicar un mayor costo inicial, pero siempre será menos costoso que reparar las pérdidas humanas, sociales y económicas de un desastre. La prevención no es un gasto adicional: es una inversión.
El segundo desafío es reducir la vulnerabilidad de las viviendas existentes. Millones de peruanos han construido progresivamente sus hogares sin asistencia profesional, y muchas veces sobre terrenos expuestos. No basta con calificarlas como informales. Se necesitan programas masivos de evaluación, reforzamiento y mejoramiento, con asistencia técnica accesible y mecanismos de financiamiento adecuados. Reducir esta vulnerabilidad es también proteger el patrimonio de millones de familias que, en muchos casos, han destinado años de esfuerzo a construir sus hogares.
En aquellos lugares donde el riesgo no pueda ser mitigado, deben implementarse reasentamientos planificados y socialmente responsables. Reubicar una familia no significa solo trasladarla a otro terreno. Implica garantizar vivienda, servicios, conectividad, empleo y acceso a equipamientos. De lo contrario, existe el riesgo de reproducir la vulnerabilidad en otro lugar. Reducir el riesgo significa también dejar de producirlo.
El tercer desafío –y probablemente el más decisivo– es evitar que nuestras ciudades continúen creciendo sobre quebradas, riberas, laderas y terrenos sin servicios.
Mientras las familias, especialmente las de menores ingresos, no encuentren una oferta formal de suelo seguro, accesible y bien localizado, la ocupación de zonas vulnerables continuará. La gestión del riesgo debe articularse con una política de vivienda y planificación urbana. El Estado debe identificar, habilitar y poner a disposición suelo seguro con todos los servicios básicos y conectado con las oportunidades de la ciudad. No se trata solo de impedir nuevas ocupaciones, sino de generar alternativas reales para que las familias puedan acceder a una vivienda segura y formal.
Prevenir significa actuar antes de que la ocupación informal haga más difícil y costosa cualquier intervención. Significa proteger la infraestructura existente, reducir la vulnerabilidad de las viviendas y orientar el crecimiento de nuestras ciudades hacia zonas seguras.
Nada de esto será posible sin una conducción clara. Actualmente, las responsabilidades se encuentran dispersas entre distintas entidades, lo que dificulta asumir resultados. El país necesita liderazgo institucional, metas verificables y mecanismos de seguimiento que permitan conocer cuánto hemos reducido –y no solo cuánto hemos gastado– en materia de riesgo.
No podemos impedir que ocurra un terremoto o que las lluvias extraordinarias golpeen nuestro territorio. Lo que sí podemos decidir es cuánto daño estamos dispuestos a permitir. La verdadera prevención empieza mucho antes que el desastre. Y en el Perú, ese momento es ahora.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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