Rabia

La foto donde Dina Boluarte recibe en Palacio de Gobierno al general Juan Rivero Lazo, jefe de la dirección nacional de Inteligencia del Ejército a inicios de los noventa, y condenado en 2001 a veinticinco años de prisión por su participación en la matanza de Barrios Altos y otro caso relacionado con el Grupo Colina, sintetiza la infamia que representa la reciente ley de amnistía otorgada por el Congreso y refrendada por el actual régimen.

Esta norma, en tanto favorecerá a cientos de militares y policías acusados de violar derechos humanos durante los años de enfrentamiento contra los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, implica un golpe moral durísimo para los familiares de la víctimas de esas violaciones, muchas de las cuales hasta hoy continúan en calidad de desaparecidos. En ese sentido, resultan vergonzosas (aunque predecibles) las declaraciones del congresista José Cueto, quien al respecto señaló que «la justicia no llega cuando pasan veinte o treinta años», demostrando hacia esos compatriotas viudos o huérfanos una falta de empatía que es ya un rasgo patente de parte de algunos oficiales retirados que el Congreso resucitó. Jorge Montoya es el más claro representante de ese linaje. Hace unos días, le preguntaron en RPP qué le diría a esos peruanos que han perdido a un ser querido por desapariciones forzadas atribuidas a las fuerzas del orden. Su respuesta fue elocuente: «Nada».

Este tipo de reacciones hacen que el otorgamiento de la amnistía indigne el doble. Por el fondo y la por la forma. Es verdad que hay militares procesados que han comparecido en juicios interminables y cumplido buena parte de su condena sin recibir sentencia (la ley debió ceñirse a esos casos puntuales), pero hay muchos otros que no responden a ese perfil y que saldrán en libertad como si las matanzas de ‘sospechosos’ de terrorismo atribuidas a las fuerzas armadas durante los ochenta y noventa no hubiesen sucedido. Matanzas documentadas por la CVR y otras instituciones nacionales y extranjeras. Matanzas como la de Socos (32 campesinos muertos en 1983), o la de Putis (123 pobladores ejecutados en 1984), o la de Accomarca (hombres, mujeres y niños ejecutados en 1984), o la de Pucayacu (50 campesinos ejecutados y enterrados clandestinamente en 1985), o la de Cayara (39 pobladores ejecutados en 1988), o la de Santa (9 dirigentes comunales ejecutados en 1991), o la de Huancapi (17 pobladores ejecutados en 1991), o la de La Cantuta (9 civiles secuestrados, ejecutados y desaparecidos en 1991), o la de Barrios Altos (15 víctimas, entre ellas un niño de 8 años, acribillados en 1992). ¿Quién se hace cargo de haberles arrebatado la vida a esos peruanos?

Después de mirar la foto que mencioné al inicio de la columna –y que ya ha dado la vuelta al mundo como una nefasta postal–, me permití escuchar las dos o tres entrevistas que ha brindado el general Rivero Lazo en estos días. Fuera de exponer su propio caso recalcando su «inocencia» (sin mencionar nada de los testimonios de militares que lo sindicaron como autor de las órdenes que acabaron en la masacre de La Cantuta), el ex director de Inteligencia del Ejército se refirió a los delitos del Grupo Colina denominándolos «errores», «excesos» que fueron producto de «momentos de tensión» o de «cerebros afectados que habían combatido en Ayacucho» y que «equivocaron su pensamiento para salvar al Perú». En el colmo de su narrativa exculpatoria, llegó a decir que el Estado «nunca se preocupó de la salud mental de esos hombres».

Escuchando a Rivero Lazo pensé en otro grupo de afectados por la ley de amnistía: los buenos militares y policías que combatieron el terrorismo sin salirse del marco de la ley. Ellos son los héroes de verdad, los que lucharon siguiendo las duras condiciones que la guerra imponía, pero sin cometer las barbaridades que otros colegas sí. ¿Cómo se sentirán los oficiales que defendieron el uniforme con integridad al ver libres a individuos que lo ensuciaron?

Pensé en ellos y en, por ejemplo, la inteligencia policial detrás de la captura sin balas de Abimael Guzmán (Operación Victoria) y la recaptura de Víctor Polay Campos, en un café de San Borja. Ambas llevadas a cabo en 1992, y que son hasta hoy las mejores pruebas de que al terrorismo se le podía derrotar sin recurrir a la táctica del ojo por ojo, diente por diente.

Nadie les pide a los próximos militares que vayan a ser excarcelados que se rasguen las vestiduras en actos de contrición públicos, pero sí que al menos pronuncien una palabra de pesar, una señal de perdón, alguna forma de arrepentimiento institucional que atenúe la rabia de los miles de peruanos que observan con consternación cómo viene haciéndose añicos la memoria histórica y política del siglo veinte peruano, y que seguramente volcarán esa rabia en la cédula de votación durante las elecciones del próximo año.