He escuchado con bastante asombro sostener que para hacer realidad la separación de poderes era necesario que la oposición ganara las elecciones para dirigir las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados; lo que finalmente solo logró en esta última.
Sin embargo, es bueno aclarar que la separación de poderes –ideada por Montesquieu, consistente en dividir las funciones del Estado en tres ramas independientes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial– no es un concepto que guarde relación con que el partido de gobierno dirija o no la Mesa Directiva de las cámaras del Poder Legislativo.
El principio de separación de poderes es tan antiguo como vigente para el constitucionalismo, y constituye uno de los principios elementales del actual Estado constitucional democrático.
La visión clásica, que partía de una división estricta de funciones entre los poderes públicos (el Poder Legislativo da las leyes; el Poder Ejecutivo ejerce el gobierno y ejecuta las leyes; y el Poder Judicial actúa cuando las leyes se incumplen), ha evolucionado y, hoy en día, si bien cada poder actúa con independencia dentro de sus propias funciones, existen mecanismos legales de control mutuo, que permiten que se vigilen entre sí y mantengan un democrático equilibrio, además del deber de cooperación que los obliga a trabajar de forma coordinada para buscar el bienestar de los ciudadanos.
En los países con sistemas parlamentarios, que son aquellos en los que la formación del gobierno está cimentada en una mayoría obtenida en el Congreso, a nadie se le ocurriría relacionar el principio de división de poderes con la determinación de que el gobierno y el Congreso estén liderados por integrantes del mismo partido. Quien sostuviese tal raciocinio sería objeto de burla y, sin dudarlo, sería un hazmerreír.
Es más, es bueno recordar que, como lo analiza Tsebelis (“Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas”), un sistema parlamentario, dado el respaldo que se tiene en el Congreso y su flexibilidad, es más estable que el presidencialismo.
En el parlamentarismo, una vez que se han celebrado elecciones, o bien hay un partido mayoritario que forma el gobierno, o bien los distintos partidos entablan negociaciones acerca de la formación del gobierno.
De esta forma, el resultado de estas negociaciones es un gobierno que cuenta con el respaldo del Parlamento y, si en algún momento ese respaldo es socavado o desafiado, un voto de confianza resuelve el problema.
El mismo Tsebelis cita los estudios realizados por Stepan y Skach, según los cuales, luego de examinar 75 países, descubrieron que la democracia sobrevivía el 61% del tiempo en sistemas parlamentarios y solo el 20% en sistemas presidenciales.
De modo similar, Cheibut y Limongi concluyeron, después de analizar 99 períodos de democracia entre 1950 y 1990, que la vida esperada de una democracia bajo el presidencialismo es de aproximadamente 21 años, mientras que bajo el parlamentarismo es de 73 años.
En consecuencia, el que el partido de gobierno no lidere las cámaras no es un punto relacionado con la sepación de poderes, ni generador de estabilidad como algunos han sostenido para justificar la unión de fuerzas con ese propósito.
Dicho ello, las declaraciones brindadas por el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, me han parecido correctas y muy prudentes, en tanto hacen énfasis en el deber de unidad y cooperación.
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