Suba el sueldo presidencial

El Ejecutivo ha planteado subir el sueldo presidencial de S/16.000 a s/35.568. El monto lo determinan cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas.

El MEF respondió así a un pedido de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros. Según la ley peruana, sin embargo, ningún funcionario debe ganar más de 10 unidades de ingreso del sector público, fijada actualmente en S/2.600.

Para llegar al monto estimado por el MEF, tendría que cambiarse la ley y aplicarse al siguiente presupuesto general de la república. Y debería hacerse, pero no estaría bien que la presidenta en ejercicio se aumente a sí misma el sueldo en más del doble.

Si lo que les preocupa es la ley, refórmenla con vigencia para el próximo período presidencial. De esa manera se puede descartar cualquier interés personal en aumentarse el sueldo a sí mismo desde la más alta magistratura del Perú.

El gobierno, sin embargo, lejos de hacer transparente el caso, ha querido ocultarlo. Ha querido declarar como “confidencial” el expediente sobre el aumento de sueldo. Invoca el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (27806).

Ante un pedido de este Diario, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó que esa clasificación es inválida. En una democracia, ¡cómo los electores no van a poder saber cómo se determina un aumento del sueldo del presidente!

Un miembro de la Junta Nacional de Justicia gana S/35.017 soles. Un ministro, S/30.000. Es lógico que el jefe del Estado gane más que ellos. Muchas veces la demagogia ha impedido que los presidentes actualicen el sueldo.

La decisión de un aumento que va solo al presidente es política. ¿Puede la mandataria actual pedir o aceptar que se le aumente el sueldo? ¿A más del doble?

Su gestión no ha ordenado el gasto público ni reducido el déficit fiscal. Si la moneda es estable, es a pesar del gobierno, no por el gobierno.

La presidenta no ha sido eficiente y, además, tiene varias acusaciones pendientes. Es su oportunidad para congraciarse con el pueblo: debe decir públicamente que no quiere ese aumento y que, en todo caso, lo propone para que entre en vigencia después de julio del 2026.

La falta de transparencia y el secretismo la han acompañado. Ya es hora de sincerarse.