Un retorno a clases desigual, por Norma Correa Aste

Marzo del 2022 marca el inicio del esperado retorno a clases en el Perú, luego de dos años de interrupción de la educación presencial. En estos días, las redes sociales y los medios de comunicación se llenarán de imágenes de estudiantes, docentes y padres de familias reencontrándose en su comunidad escolar, con alegría y esperanza. Esta es una noticia alentadora en el país en el que la educación fue lo primero en cerrar en marzo del 2020 y será, vergonzosamente, la última actividad en reactivarse.

Si el Gobierno no toma medidas urgentes, corremos el riesgo de que el retorno a clases profundice –aún más– las desigualdades educativas, tanto las preexistentes a la pandemia como las generadas por la educación remota de emergencia. Mientras un sector de estudiantes asistirá a nidos y escuelas en jornadas completas de lunes a viernes, muchos otros accederán a un servicio educativo semipresencial que –en teoría– será complementado por clases virtuales recibidas en condiciones muy dispares por los estudiantes (conectividad, acceso a equipos, soporte en casa).

La agenda educativa pendiente es compleja y desafiante, e involucra acciones en diversos ámbitos: pedagógico, bienestar y salud mental, infraestructura, recuperación de aprendizajes, transformación digital, entre otros. El Perú cuenta con una comunidad muy sólida de expertos en educación que han planteado la ruta a seguir en diversos espacios. Sin embargo, preocupa que, en medio de la vorágine política e inestabilidad en la administración pública, la agenda educativa pierda peso. Preocupa que, pasada la emoción de ver escuelas abiertas en marzo, la sociedad acepte un retorno a clases desigual y olvide la importancia de demandar mejores condiciones educativas para todos.

Lograr un retorno a clases exitoso requiere de una acción conjunta y articulada del Estado que aún no vemos. La Comisión Multisectorial para el Retorno a Clases, instalada hacia el final de la gestión de Mirtha Vásquez en el Consejo de Ministros, tiene como objetivo hacer seguimiento y evaluación de las condiciones que garanticen el inicio del año escolar. A la fecha, no tenemos información sobre los avances concretos realizados por dicho grupo.

La designación de Hernán Condori como ministro de Salud generó una serie renuncias de funcionarios claves ad portas del inicio del año escolar. La vacunación infantil no ha avanzado al ritmo esperado a nivel nacional, por lo que es urgente que el sector replantee sus estrategias para responder a las preocupaciones de los padres de familia que han optado por no vacunar a sus hijos. La desinformación sobre la vacunación infantil sigue siendo alta y se deben evitar situaciones de discriminación que afecten a los estudiantes según su estado de vacunación. Los protocolos aplicados a la educación requieren actualizarse para responder al contexto sanitario actual. La normativa vigente limita el aforo en las instituciones educativas (un metro de distancia), no permite el uso de comedores y restringe el consumo de alimentos del programa Qali Warma (importante para estudiantes en condición de pobreza). El uso de mascarillas es obligatorio en espacios abiertos, incluyendo recreos y deportes. Las decisiones sobre los protocolos de bioseguridad para la educación deben tomarse con el máximo rigor sobre la base de evidencia científica actualizada y con transparencia sobre la efectividad de las medidas. Desafortunadamente, el ministro Condori no cuenta con la credibilidad necesaria para liderar un proceso tan sensible para la ciudadanía. Por otro lado, el traslado de los estudiantes a sus centros de estudios es una preocupación sentida por los padres de familia que hasta ahora no tiene respuesta. El MTC ha brillado por su ausencia en la agenda del retorno a clases. El saliente ministro Juan Silva, que gozó de estabilidad durante cuatro Gabinetes, no implementó soluciones ni protocolos para mejorar las condiciones de movilidad de los estudiantes.

Reabrir escuelas es el primer paso para remediar los impactos de la pandemia en la educación y en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. La sociedad peruana aceptó un retorno tardío a clases, pero no deberíamos aceptar un retorno desigual.