Una vez más, no hay Estado

Imposible olvidar la imagen de Evangelina Chamorro emergiendo del lodo y las piedras de un huaico en Punta Hermosa, a tres kilómetros de su casa en Pampapacta. Como cientos de miles de peruanos, Evangelina vivía con su familia en una vivienda precaria, en un terreno invadido, sin servicios, sin título y en una zona de alto riesgo. Desde ese 15 de marzo del 2017 hasta hoy, poco ha hecho el Estado para resolver las necesidades básicas de sus ciudadanos. Y no es falta de dinero. Solo en el 2025 la ejecución de inversiones públicas superó los S/60 mil millones, uno de los porcentajes de ejecución más altos en América Latina. Sin embargo, toda esa inversión no ha logrado cerrar las brechas estructurales de acceso a salud, educación, agua, saneamiento y seguridad. El problema no es cuánto se gasta, sino cómo y en qué.

Tras El Niño costero del 2017, la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios prometió reconstruir la infraestructura dañada, pero bajo criterios que protegieran a la población frente a nuevos desastres. El presupuesto fue enorme, la planificación insuficiente. No se priorizaron adecuadamente los proyectos, buena parte de los recursos y la responsabilidad de ejecución se transfirió a los gobiernos subnacionales, sin capacidades técnicas sólidas y se privilegió la obra con rédito político antes que aquella con sustento técnico. Así, se reconstruyó lo que se habían llevado los huaicos, pero en el mismo sitio: en el camino del próximo Fenómeno de El Niño.

El presupuesto nacional asigna cada año recursos para la “reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. Y aun con eso, cada año la temporada de lluvias nos encuentra improvisando y parchando. El año pasado, el Estado Peruano dejó de gastar S/425 millones destinados a prevenir y mitigar por adelantado. ¿A cuánto ascienden las pérdidas solo en Arequipa en lo que va de El Niño costero 2026 que recién empieza? Doce personas fallecidas, más de 1.300 viviendas inundadas, 56 km de caminos destruidos y 4.200 personas afectadas.

Lo peor es que solo una de cada tres entidades públicas tiene un plan de prevención aprobado. Con lo cual, no están anticipando los posibles desastres naturales, ni las obras necesarias para limitar su daño. Y encima el presupuesto para prevención se redujo para el 2026.Nuestro país está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacifico, zona que concentra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica del mundo.

Además, por su ubicación en la franja tropical del Pacífico, enfrenta de manera recurrente el fenómeno de El Niño. No estamos ante eventos imprevisibles: estamos ante fenómenos estructurales. Según Indeci, las emergencias asociadas a desastres naturales se han multiplicado por cuatro en las últimas dos décadas. En el 2003, el promedio anual de emergencias rondaba las 3.000. En el 2024, fueron más de 14.000. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, seguiremos perdiendo vidas por negligencia.

El Perú necesita con urgencia: planificación territorial efectiva; un plan hidrológico integral y vinculante; un cronograma obligatorio y multianual de obras de prevención con supervisión técnica independiente; y programas de reasentamiento para poblaciones en riesgo no mitigable. Pero nada de esto ocurrirá si no logramos transformar el sector público porque la gran mayoría de funcionarios públicos, más allá de sus buenas intenciones, no tiene la capacidad y el Perú necesita una burocracia medianamente capacitada y profundamente honesta. De lo contrario, cada temporada de lluvias volverá a recordarnos lo mismo: que el desastre es que no haya Estado.