Zona peligrosa, por Jaime de Althaus

Una subida del costo de vida tan fuerte como la que ha ocurrido, sin duda, remecería a cualquier gobierno. Pero en el caso del Perú, el impacto percibido es más fuerte debido a que, gracias a las políticas consagradas en la Constitución del 93, hemos gozado en los últimos 25 años de la mayor estabilidad monetaria de la región, de la inflación más baja. Una alteración súbita y violenta de ese equilibrio, sin un gobierno capaz de moderar el impacto, desató bloqueos y hasta saqueos.

Pero un gobierno competente, conectado con la población e interesado en resolver los problemas, hubiese podido amortiguar el golpe y mostrar una preocupación que lo identificara con la angustia de la gente y de los empresarios afectados. Evidentemente, no uno simplemente ocupado en retribuir a aportantes de campaña con puestos burocráticos y obras direccionadas para anchar las billeteras.

La suspensión temporal del ISC fue sugerida por muchas personas desde hace semanas. Incluso cupones para canjear por fertilizantes. No se hizo nada. El asunto es grave porque no solo los alimentos importados suben de precio, sino que los agricultores nacionales producirán menos debido al precio prohibitivo de la urea. De modo que esto va a tener efectos muy duros en los próximos meses.

En lugar de prevenir, el Gobierno cambió al anterior ministro de Desarrollo Agrario y Riego, que había avanzado conversaciones sobre estos temas con organizaciones agrarias, para darle su cuota al Fenate, nombrando ministro a un profesor acusado de dos asesinatos. El diálogo se interrumpió y todo quedó en nada. El trato privilegiado a los transportistas informales, que incluso capturaron parte del ministerio y la Sutrán, les llevó a movilizarse incluso con violencia para terminar de exigir la aprobación de sus demandas, tales como su formalización sin requisitos, la condonación de multas y la reorganización de la Sutrán para culminar su captura.

Mientras tanto, los sistemas de prevención de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Energía y Minas fueron diezmados y copados por operadores vinculados a Guido Bellido y a Cerrón. Es decir, por personas expertas en generar, no en resolver, conflictos. En Cuajone, unas comunidades destruyeron la línea férrea y le han cortado criminalmente el agua a 5.000 personas desde hace un mes y medio, y no hay acción alguna.

Los huancaínos de Perú Libre serán más ideologizados que los chotanos, pero su asalto patrimonialista al Estado es más efectivo porque tienen la metodología experimentada de Los Dinámicos y han capturado sectores estratégicos desde el punto de vista del volumen de compras y de operaciones que autorizan: Salud, Essalud (el primer comprador del Estado Peruano) y Energía y Minas.

El resultado de todo esto es que la aprobación del presidente baja al 19%, según Datum, ingresando a zona peligrosa de la que no saldrá sino vacado o renunciado porque es obvio que no hay voluntad de rectificación. El primer ministro no tiene mejor idea que enviar un proyecto de modificación constitucional para prohibir monopolios y oligopolios, lo que terminará de espantar a los inversionistas y obligaría a cerrar Petro-Perú, los bancos, las empresas de telecomunicación y otras. Pura demagogia. Lo importante es que no haya posiciones de dominio, y para eso no debe haber barreras de entrada y sí buenos reguladores.

La única salida para Castillo sería nombrar primer ministro a una personalidad independiente y calificada para liberarse de Cerrón y de otras cuotas e instalar un gobierno serio y solvente. Pero no puede porque está atado a relaciones de reciprocidad cómplice y, aunque pudiera, carece de capacidad de convocatoria.

Es urgente, entonces, un diálogo político entre los partidos que están en el Congreso para buscar una salida. El problema es que, como consecuencia de la degradación de la política, los líderes no están acostumbrados a conversar ni a poner por delante los intereses nacionales. Es el momento de aprender a hacerlo.