Amarrados al subsuelo

Esta semana, el Banco Central de Reserva (BCR) confirmó lo que muchos expertos e instituciones especializadas ya habían adelantado: la inversión privada cayó 12% en los primeros tres meses del año. Así, este indicador cumple su tercer trimestre en negativo, una circunstancia que empezó a registrarse desde julio del 2022.

Según el informe del BCR, “este resultado se atribuye a paralizaciones y menor confianza empresarial como consecuencia de los conflictos sociales, así como a la ausencia de nuevos megaproyectos mineros” a comienzos de este año. Al mismo tiempo, economistas consultados por este Diario resaltaron las emergencias climáticas como parte de la explicación para las cifras obtenidas.

En específico, la inversión minera registró una contracción del 23,2% en los primeros tres meses del 2023. La no minera, por su lado, también sufrió una caída severa (11%) en el mismo período. Lo primero, según explica el BCR, tiene que ver con el fin del efecto Quellaveco, el proyecto minero que dejó el año pasado su etapa de inversión y pasó a la de producción. Lo segundo ha sido empujado por la caída en el consumo interno de cemento, afectado por “los eventos climáticos y las protestas sociales”, según explicó Daniel Velandia, economista de Credicorp Capital, a El Comercio.

El pronóstico es que esta tendencia continúe a lo largo del año y la verdad es que esto no puede verse como nada menos que una tragedia, en especial si se considera que, como ha informado el INEI, el 27,5% de peruanos fueron afectados por la pobreza en el 2022. Y tanto la explicación para esta tesitura como la solución a la misma están bastante claras.

Es evidente que el país sigue afectado no solo por las consecuencias de la pandemia del COVID-19, sino también por la epidemia de incompetencia en el sector público, que tuvo como paciente cero al expresidente Pedro Castillo. Este se preocupó por esparcirla por todo el Ejecutivo y, a la par, aumentó la desconfianza de los empresarios en el Perú. A la postre, caído su régimen, los efectos de su asonada golpista fueron los que gatillaron la ola de protestas violentas con las que terminó el 2022 y comenzó el 2023, otro de los factores que contribuyó, como señala el BCR, a que la inversión se desplomase.

El caso de la inversión minera es particularmente desconcertante. Como bien comentó Alfredo Thorne a este Diario, la demanda internacional por minerales existe y el Perú tiene reservas para atenderla, pero los riesgos políticos y sociales han impedido que el país saque provecho de esta realidad. El ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que apuntan a destrabar proyectos y, también, a generar las condiciones para que la inversión en exploración crezca. Y si bien es bueno que el Gobierno repare en la importancia de este sector para nuestro crecimiento, es innegable que del dicho al hecho hay un largo trecho, en especial con lo frágil que ha sido el liderazgo del Ejecutivo en los últimos meses.

El trabajo hacia la solución o a la mejora de nuestros indicadores, empero, no depende únicamente de las autoridades electas. Como prueba el informe del BCR, el impacto de los conflictos sociales es considerable y, por ende, la importancia en esta situación de los líderes que las promueven. En muchos casos, el discurso que han empujado estas manifestaciones resalta la desigualdad como problema y es importante que la ciudadanía sepa que esto se remedia, en primerísimo lugar, con inversión privada y con el empleo que esta trae. No debería, pues, ser materia de diferencias ideológicas, sino un compromiso de todos los peruanos asegurar las condiciones para que nuestra economía recupere la senda del crecimiento.

Entre tanto, el Perú permanece amarrado al subsuelo y, con él, todos los peruanos. Pero, sobre todo, los más pobres.