Editorial 2: Silencios inculpatorios

Hasta ahora, las secuelas de la deflagración del camión que transportaba gas líquido en Villa El Salvador siguen ardiendo (a la fecha van 25 muertos).

Tras la tragedia, se han conocido algunos hechos que ayudan a entender que lo ocurrido el pasado 23 de enero fue en realidad la consecuencia de tantas negligencias que difícilmente podría catalogarse como “accidente”. Una de las cosas que llamó la atención fue que, por ley, Osinergmin otorga de manera automática los permisos para que cualquier cisterna pueda transportar GLP. Esto, por supuesto, no exime al ente regulador del deber de fiscalizar a posteriori si el vehículo cuenta, efectivamente, con las condiciones que declaró tener. Y, de hecho, el vehículo deflagrado había obtenido de esta forma la anuencia para operar en el 2019.

En ese momento, nos preguntamos en este Diario: “¿Osinergmin revisó el vehículo para contrastar lo que la empresa Transgas dijo en su declaración jurada? ¿Cuántas de las 2.055 unidades autorizadas para transportar GLP en el país obtuvieron su permiso automáticamente? ¿Cuántos de esos vehículos han sido fiscalizados?”. Las interrogantes fueron enviadas también a la entidad, pero no hubo respuesta. Y este Diario buscó a su entonces presidente, Daniel Schmerler, para entrevistarlo, pero nunca accedió a nuestro pedido. Y su posterior renuncia dejó la agria sensación de que nunca podremos plantearle las dudas que se nos quedaron en el tintero.

Pero este caso no es el único. Ayer, el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, le concedió finalmente una entrevista a nuestro colega Óscar Paz, tras semanas de insistirle, para que explique por qué instaló unas rejas que impiden el tránsito entre su distrito y Miraflores.

El problema es que cuando un funcionario público evita responder ante la prensa, en el fondo está eludiendo su obligación de darle respuestas a la ciudadanía, más aún cuando hay una coyuntura que se las demanda. Y si bien podrían alegar que tienen el derecho de refugiarse en el silencio –o detrás de una vocería–, no pueden evitar que los ciudadanos saquen sus propias lecturas de esta mudez. Y la inocencia no es, por supuesto, una de estas.