Editorial: A viva voz

Pedro Castillo no fue elegido presidente de la República en un momento cualquiera. Las votaciones que lo llevarán a encabezar el Ejecutivo desde esta semana se dieron en un contexto de crisis económica y social de proporciones históricas. En ese sentido, y a diferencia de lo que les tocó a otros presidentes inaugurados en momentos de relativa calma, su necesidad de acción es mucho más inmediata y enfocada a atender con sentido de urgencia las crisis aún en desarrollo. Otros puntos de agenda harían bien en esperar.

Eso es, precisamente, lo que revela la reciente encuesta de El Comercio-Ipsos publicada ayer por este Diario. Para la mayoría de la población, la tarea prioritaria del próximo gobierno durante los primeros meses de gestión es mejorar los servicios de salud y avanzar con la vacunación contra el COVID-19 (75%). En segundo término, aparece la urgencia de reactivar la economía y generar más empleo (67%). Desde el otro lado, impulsar el cambio de la Constitución, asunto que Perú Libre y Castillo mantienen como prioridad, ocupa recién la octava posición entre las preferencias de la población (11%).

Estos resultados eran perfectamente previsibles. Si bien durante la campaña Castillo y su equipo siempre se mostraron a favor del cambio total de la Carta Magna, su elección como presidente no implicaba necesariamente que más de la mitad del país vea ese tema como prioridad, o siquiera como una buena idea (de hecho, según la misma encuesta, solo dos de cada cinco peruanos opinan que la Constitución debería ser modificada totalmente mediante una asamblea constituyente). Al margen de quién hubiese resultado elegido, en momentos como los actuales la salud y la economía tienen que ser el eje central de las políticas gubernamentales.

Pero no es solo un asunto de prioridades. El impulso de una asamblea constituyente, sea cual sea el camino, inevitablemente creará un enorme clima de incertidumbre que hará más difícil avanzar con esfuerzos en cualquier otro frente, sobre todo el económico. ¿Qué empleos se generarán en los próximos meses o años, por ejemplo, si ninguna inversión tendrá claro cuáles serán las reglas de juego más elementales que se le impondrán? Como resaltaba ayer en estas páginas Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, no deja de ser curioso que alguien que, de forma constante, dice tomar “la voluntad del pueblo” como mandato imperativo parezca ignorarla cuando esta expresa prioridades diferentes a las del Perú Libre.

Vale preguntarse también con qué equipo pretende el presidente electo Castillo alcanzar mejoras en salud y economía, como demanda la población. No solo porque su selección de Gabinete sigue siendo una incógnita, sino porque su última propuesta para rebajar significativamente los sueldos de congresistas y ministros –y con ello posiblemente los de toda la plana directiva del Estado– desincentivará a las personas más capacitadas de trabajar en el sector público. El presidente Alan García impulsó una iniciativa populista similar durante su segundo mandato, con consecuencias lamentables para la atracción y retención de talento en el aparato estatal.

Si Perú Libre desea promover un cambio total de Constitución, es libre de intentarlo por la vía constitucional. El Congreso, en cualquier caso, es el foro al que debería corresponder esa discusión, en la medida que es precisamente el espacio en el que está representada la población. Mientras tal proceso madura a lo largo de años –si lo hace–, la atención inmediata del Ejecutivo debe estar en la salud y la economía. O, por lo menos, esa parece ser, firme y clara, la verdadera voz del pueblo. Veremos quiénes quieren escucharla en serio.