Aliados camuflados

Un informe de la Unidad de Periodismo de Datos (ECData) publicado el lunes en este Diario ha llamado la atención sobre un hecho que tiene ramificaciones relevantes en el contexto político actual: entre Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP) tienen a 221 militantes ocupando cargos en el gobierno de Perú Libre. Para ser precisos, en el caso de APP, los miembros colocados en la estructura del Estado son 105; en el de SP, 59; y en el de AP, 57. El informe también registraba otros militantes de partidos con presencia en el Congreso en la misma situación, pero sus casos no sorprenden tanto por tratarse de personas que integran organizaciones políticas con presencia en el Gobierno (Perú Libre y Juntos por el Perú) o porque el número de ellas es reducido.

¿Qué es lo que produce suspicacia en lo que concierne a los tres partidos inicialmente señalados? Pues que se trata de conglomerados políticos con bancadas que, a pesar de formar hipotéticamente parte de la oposición, funcionan muchas veces como aliados de la actual administración. Semejante comportamiento se ha puesto en evidencia en circunstancias como las presentaciones de los sucesivos gabinetes nombrados por el presidente Pedro Castillo para pedir el llamado “voto de investidura” de parte del pleno o en las interpelaciones y posteriores votos de censura a ministros que, a todas luces, no daban la talla para la tarea que se les había encargado. En todos esos trances, distintos parlamentarios de las agrupaciones en cuestión hicieron lo imposible por no incordiar al Ejecutivo y, en algunas ocasiones, hasta ensayaron argumentos que giraban en torno a la idea de la “gobernabilidad” para cumplir con lo que dejaba el sabor de ser un acomodo a las conveniencias del oficialismo.

Con la memoria fresca de casos en los que tales conductas fueron motivo de investigaciones y denuncias por el presunto intercambio de favores que las explicaba, los medios indagaron sobre la posibilidad de que algo así estuviera ocurriendo también en esta coyuntura. De hecho, cuando el destape sobre ‘Los Niños’ de AP (partido que, como sabemos, llegó a ocupar la cartera de Producción en esta administración durante un tiempo), que supuestamente acompañaban al Gobierno en las situaciones más críticas como contraprestación por concesiones poco transparentes para ellos y sus allegados, la sensación de que Karelim López había sacado a la luz un nuevo episodio de “topos” o aliados camuflados del Gobierno en el Legislativo se impuso en un vasto sector de la opinión pública.

En lo que se refiere a la sintonía del Gobierno con SP, por ejemplo, se ha puesto sobre el tapete la militancia del actual ministro de Cultura, Alejandro Salas, en ese partido, así como el hecho de que el exasesor presidencial Biberto Castillo (vinculado al caso del “gabinete en la sombra” todavía bajo investigación) esté ahora como precandidato de esa organización a la alcaldía de Los Olivos.

Conocida la noticia sobre la abundancia de militantes de los mencionados partidos en cargos del Gobierno, la dirigencia de los mismos ha procurado contrarrestar su efecto negativo demandándoles a las personas comprometidas en el cuadro descrito que renuncien a sus cargos si es que no quieren ser objeto de una expulsión que acabe con esa militancia. El líder de APP, César Acuña, en particular, ha consignado ese ultimátum en sus redes sociales, en un claro intento de sugerir que solo ahora él se ha enterado de lo que estaba sucediendo. La verdad, no obstante, es que luce bastante improbable que 105 miembros de su agrupación estén trabajando para este Gobierno sin que las instancias dirigenciales del partido lo hayan sabido desde hace tiempo o incluso hayan tenido algo que ver con ello (más aún cuando dicha agrupación tuvo hasta hace poco a un militante nada menos que como secretario general de Palacio).

Renuncien o no esas personas a sus cargos, el fenómeno detectado por este Diario será un criterio para tener en cuenta en las votaciones del Congreso. Sobre todo, en aquellas en las que el Gobierno trate de imponer a la representación nacional lo absurdo, lo turbio o lo descabellado.