Editorial: Aliados sin condiciones

Los grupos políticos liderados por la excandidata presidencial Verónika Mendoza siempre se han preciado de configurar la alternativa de izquierda moderna y responsable. La súbita aparición en el escenario electoral de una izquierda radical, representada por Perú Libre, les facilitó ese libreto. Sin embargo, una vez esfumadas en primera vuelta las posibilidades de Juntos por el Perú (JPP) de tentar la presidencia y establecida la alianza con el partido liderado por Pedro Castillo, algunos matices diferenciales entre la izquierda progresista y la izquierda radical empezaron a pintarse del color de la segunda.

Desde el Congreso, congresistas de JPP apoyan el despropósito mayúsculo de Perú Libre respecto de la instalación de una asamblea constituyente. Al mismo tiempo, en su corta gestión han planteado ya sendos proyectos de ley que ignoran principios básicos de economía, en línea con la visión oficialista. En su primera iniciativa legislativa, la parlamentaria Sigrid Bazán, por ejemplo, pidió la derogación del decreto de urgencia que regulaba la suspensión perfecta de labores –iniciativa utilizada por decenas de miles de empresas para poder graduar su carga laboral al contexto de baja demanda por la crisis del COVID-19–. El proyecto no fue necesario puesto que el Ejecutivo del presidente Castillo se adelantó en eliminar la disposición legal, en una muestra de alineamiento de malas ideas entre ambos grupos políticos.

De forma más reciente, la legisladora Isabel Cortez, también de JPP, presentó este mes una propuesta normativa para indemnizar a los trabajadores en suspensión perfecta –es decir, quienes mantienen una relación laboral pero que no trabajan ni cobran sueldo– con el equivalente a la mitad de los ingresos no percibidos. Lógicamente, la iniciativa sería inconstitucional por su naturaleza retroactiva, y podría llevar a la quiebra a varias empresas que se acogieron a esta figura ante la falta de ventas. El mismo proyecto de ley propone también dificultar las disposiciones de trabajo remoto.

Y como para no salir del paso, el congresista Edgard Raymundo, de la misma bancada, propuso a mediados de mes una reforma constitucional para eliminar los denominados contratos-ley. Estos son acuerdos entre el Estado e inversionistas en los cuales se pactan condiciones que luego no pueden ser modificadas unilateralmente. Por ello sirven de garantía de estabilidad para el inversionista ante las turbulencias políticas locales. Eliminar estos contratos mandaría la inequívoca señal de que el Estado Peruano no tiene mayor interés en cumplir su palabra.

En el Ejecutivo, Pedro Francke, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y cuadro técnico de JPP, ha ayudado a sacar de la agenda inmediata buena parte de los planteamientos económicos más radicales de Perú Libre, pero está lejos de convertirse en una garantía dada la fragilidad de su propia posición al interior del Gobierno. Mucho más reveladora ha sido la apocada actitud de Anahí Durand, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y militante de Nuevo Perú, frente a los comentarios y actitudes machistas del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. A pesar del vergonzante registro homofóbico y misógino de Bellido en las redes sociales, y de sus inaceptables y mucho más recientes comentarios frente a la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), la ministra decidió guardar oprobioso silencio.

Desde el Congreso, y por lo menos desde parte del Ejecutivo, los aliados de Perú Libre han fungido más de facilitadores que de contrapeso y moderación al partido de gobierno. Si la supuesta izquierda moderna y responsable quiere merecer esas etiquetas en los siguientes comicios, debe empezar a actuar como tal.