Lo que solicitan los manifestantes simplemente es inadmisible.
Lo que solicitan los manifestantes simplemente es inadmisible.
Editorial El Comercio

Hoy se cumplen 51 días desde que un trayecto de 12 kilómetros de la carretera CU-135, que atraviesa el fundo Yavi Yavi (en el Cusco), fuera bloqueado por un grupo de comuneros de Fuerabamba. Dicha vía le permite a la minera MMG Las Bambas trasladar su producción de concentrado de desde sus instalaciones hasta el puerto de Matarani, en Arequipa, para su exportación. Desde el sábado, además, se han obstruido los dos ingresos a la mina, por lo que el personal de la misma se encuentra sin salida.

La comunidad, sumariamente, exige a la empresa que le pague un monto –que ha oscilado entre los S/500 millones y los S/40 millones– por utilizar una carretera que atraviesa un terreno del que son propietarios desde el 2011. Carretera que, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se construyó sobre una vieja trocha que dejaron los antiguos dueños del fundo en el 2008 y que fue declarada vía nacional en mayo del 2018 por el ministerio a fin de poder mejorarla. La minera, por su parte, ha planteado desembolsar S/10 millones entre proyectos y dinero en efectivo para desbrozar el conflicto.

Si bien el busca retomar el diálogo a través del ministro de , Francisco Ísmodes, y del viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, hasta ahora no han logrado una salida efectiva al atasco. Y mientras el calendario sigue corriendo, el bloqueo a (una mina que, hasta enero pasado, representaba el 20,7% de la producción de cobre del Perú, y que en los próximos días empezará a reducir su producción) pasará a costar US$6,5 millones en pérdidas cada día cuando se paralice totalmente.

Más allá de los argumentos esgrimidos por Fuerabamba y de la forma cómo se solucione este desaguisado, existen desde ya dos ideas que deben destacarse respecto a los métodos a los que ha recurrido la comunidad para hacer efectivos sus reclamos y que, creemos, le restan credibilidad a su discurso.

La primera, tiene que ver con la demanda para que se libere al presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, y a sus asesores legales, los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo, a quienes la fiscalía detuvo preliminarmente el jueves pasado en Lima en el marco de una investigación por delitos de crimen organizado y extorsión que comenzó de oficio en el 2017. Según las autoridades, los hermanos Chávez Sotelo se dedicarían a captar a dirigentes campesinos con el fin de ejecutar bloqueos en el corredor minero y cometer delitos contra la paz pública desde hace algunos años. “La posición de la población es la liberación inmediata del presidente y asesores, mientras tanto no se puede hablar de diálogo”, ha explicado a
El Comercio uno de los comuneros.

Lo que solicitan los manifestantes simplemente es inadmisible. El Ejecutivo, como se sabe, no puede interferir en los procesos que una institución autónoma como el Ministerio Público lleva a cabo con independencia, ni exigirle que revoque medidas que esta considere pertinentes para proteger sus investigaciones. De lo contrario, se estaría vulnerando la separación de poderes y construyendo un escenario en el que los fiscales trabajan bajo órdenes del gobierno (algo que sí ocurre en otros países y que conocemos, llanamente, como dictaduras). Ni los habitantes de Fuerabamba, ni ningún otro ciudadano en todo el país, pueden pedirle al Gobierno que viole la ley.

La segunda, es que el no puede eludir fácilmente su cuota de responsabilidad en una situación que incluye la toma de una carretera de calificación nacional. Y si bien es cierto, el gobierno de Martín Vizcarra ha exhibido en varias oportunidades una alarmante pasividad y retrocesos ante el clamor de grupos de huelguistas, tiene ahora la posibilidad de demostrar que, incluso en este tipo de conflictos, el principio de autoridad es una frontera que ningún peruano puede vulnerar so pretexto de un pedido que puede o no ser legítimo.

Pedir que se transgreda la ley interviniendo en la fiscalía o que renuncie a sus atribuciones constitucionales es puro y duro chantaje ante el que el Gobierno no puede bajar la cabeza.