El año de los golpes

El 2022 será recordado como el año del golpe de Estado de Pedro Castillo. Una ruptura del orden democrático que –por su desprecio al Estado de derecho, torpeza y fracaso– bastó para resumir, en una decisión desesperada, los 497 días de gobierno del nuevo interno del penal de Barbadillo.

Fue, en fin, el punto más alto (o más bajo, según como se vea) de la improvisación del ex jefe del Estado. Una característica que llevó a su régimen a nombrar a 79 ministros (la mayoría sin los pergaminos necesarios para sus puestos) y cinco gabinetes en tiempos en los que, por la crisis económica mundial desatada, primero por los rezagos de la pandemia del COVID-19 y, luego, por la guerra entre Rusia y Ucrania, se necesitaba sensatez y estabilidad.

Así, por ejemplo, mientras los medios internacionales advertían de una catástrofe alimentaria (por la escasez de fertilizantes como la urea), Castillo nombraba como ministro de Desarrollo Agrario y Riego a Javier Arce, un hombre con más prontuario que experiencia en el sector. En la misma época, el entonces mandatario aseguraba que solo “los ociosos” pasarían hambre y el entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se ufanaba de que la crisis no se sufriría en el Perú. La urea, sin embargo, nunca llegó para la campaña agrícola del 2022 por culpa de las idas y venidas de la extinta administración castillista.

El golpe de Estado también fue la última y más nociva de las maniobras ensayadas por Castillo para frustrar la acción de la justicia. Como se sabe, este año, en una decisión histórica, el Ministerio Público le abrió, por primera vez, investigaciones a un presidente en funciones, y para noviembre el dictador frustrado había acumulado más de 50 carpetas fiscales. También, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Castillo a propósito de tres de las investigaciones en su contra. Todas por corrupción y respaldadas por el testimonio de varios de los secuaces, devenidos delatores, del otrora gobernante. Frente a todo, el expresidente se amparó en múltiples recursos legales para ralentizar el trabajo de los investigadores e incluso para remover al coronel Harvey Colchado de su puesto en la policía.

Frente a la podredumbre del Ejecutivo, por otro lado, el Legislativo no logró actuar oportunamente. La oposición parlamentaria nunca llegó a granjearse los votos suficientes para vacar a un jefe del Estado que envenenó la gestión pública con cada día que pasó en el cargo. Solo lo logró, tras dos fracasos, cuando este se propuso infligir un golpe letal a nuestro sistema democrático. A la postre, un Congreso incapaz de implementar reformas importantes en los 17 meses de su existencia tampoco supo estar a la altura de la crisis en la que Castillo nos sumió: poco después del golpe lo vimos demorar innecesariamente la aprobación del proyecto para adelantar las elecciones generales.

El Parlamento cierra el año con un 82% de desaprobación. Una cifra alimentada por su inoperancia, su indolencia y por el contubernio que muchos de sus miembros (los famosos ‘Niños’) mantuvieron con el gobierno de Castillo hasta que la vergüenza logró sobreponerse.

Otras instituciones del país, sin embargo, sí se mostraron a la altura de los problemas que enfrentaron. Particularmente, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y nuestras Fuerzas Armadas que, sobre todo cuando Castillo perpetró el golpe, se colocaron del lado de la Constitución.

En lo que respecta a nuestra economía, en el 2022 esta reflejó con honestidad (y con cierta, aunque débil, resiliencia) nuestra realidad. La economía local va a crecer a un ritmo más lento que América Latina y el Caribe luego de 18 años, la inflación ha alcanzado niveles que no se veían desde hacía varios años y la inversión privada no crecerá este año. Como es obvio, la inestabilidad política disuade a los inversionistas y pone en peligro la economía de las familias peruanas, sobre todo de las más vulnerables.

¿Podremos recuperar el tiempo perdido el próximo año? El de Dina Boluarte es un gobierno débil y sin una bancada en el Congreso. Además, enfrenta una grave crisis llevada a las calles y, en no pocos casos, a la violencia por los defensores de Castillo. También deberá trabajar con las nuevas autoridades municipales y regionales electas en el 2022. Pero lo importante en el 2023 deberá ser devolverle la estabilidad al país y limpiar la casa de los que trataron de destruirla.