Editorial: El asalto a la asamblea

Por estas semanas, la sede de la Asamblea Nacional Legislativa (ANL) de Venezuela –el último resquicio democrático que aún no ha sido copado por la dictadura chavista– ha sufrido un doble asalto. El primero de ellos, por llamarlo de alguna manera, ‘formal’ y construido sobre el fraude, y el segundo abiertamente criminal y anclado en la violencia. Ambos, sin embargo, persiguen un solo objetivo: deponer a la oposición, así sea a las balas, del encargo que la ciudadanía le otorgó en las urnas en el 2015, y arrastrarla al mismo agujero negro que en los últimos años se ha devorado la legitimidad del resto de instituciones del país, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y numerosos medios de prensa.

Para entender bien este asedio, hay que retrotraernos hasta el 5 de enero. Ese día se debía celebrar, según la ley venezolana, las elecciones para la Mesa Directiva de la ANL, presidida por Juan Guaidó. Como se sabe, habida cuenta de que el mandato de Nicolás Maduro venció en enero del 2019, la Constitución venezolana faculta al titular del Legislativo a encargarse de la presidencia de manera transitoria, “mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente”. Es gracias a este sustrato que Guaidó juró como mandatario encargado y que fue reconocido por más de 50 países, entre ellos el Perú, hace un año. Por ello, su continuidad a la cabeza del Parlamento no es poca cosa.

Sin embargo, como advertimos en este Diario días antes de las elecciones, el chavismo había pergeñado una celada para evitar que varios diputados opositores –muchos de los que, además, están apresados ilegalmente y otros asilados en embajadas– acudiesen al Palacio Legislativo a votar por Guaidó. Según denunció el diario “El País” de España, el régimen había ofrecido dinero a algunos parlamentarios para que no apoyasen a Guaidó. Toda una oda al transfuguismo.

Ese día, además, el régimen cercó la sede parlamentaria con fuerzas de seguridad e impidió que varios diputados, entre ellos Guaidó, ingresaran al recinto. En esa sesión, un desertor de la oposición, Luis Parra (sobre el que, para variar, pesan graves acusaciones de corrupción), se autoproclamó presidente de la ANL, afirmando que 86 legisladores habían votado por él a mano alzada. Su versión, no obstante, hace agua por todos lados. Para comenzar, en la sesión no se respetó ni siquiera el propio reglamento de la asamblea (que exige que se constituya bajo la dirección de su presidente o de alguien que lo supla legalmente, algo que, evidentemente, no ocurrió). Tampoco se llevó un registro de quiénes apoyaron la candidatura de Parra –no hubo acta de votación– y, en el colmo del absurdo, días después de su ‘elección’ el propio Parra no pudo decir ante la prensa quiénes habían suscrito su candidatura y redujo el número de votos de los 86 iniciales a 81.

La estratagema del chavismo para tomar la ANL, como se ve, no pudo sostenerse ni siquiera por quien la personificó. Días después, cuando ya era evidente que la unción de Parra no prosperaría, la tiranía intentó una manera menos elaborada y más burda de tomar el Parlamento.

Así, el pasado miércoles, colectivos chavistas armados bloquearon la sede legislativa y evitaron, a pedradas, que Guaidó y compañía sesionaran en el lugar. Algunos diputados, como Delsa Solórzano, llegaron a denunciar que sus vehículos habían sido abaleados por la turba. Los colectivos, como se sabe, fueron reconocidos en su momento por la ONU y la OEA como grupos progubernamentales acusados de atacar en los últimos años a opositores y periodistas, con la connivencia de las fuerzas de seguridad y en total impunidad. Tras el ataque, Diosdado Cabello –número 2 del régimen– dejó entrever que no permitirán que Guaidó vuelva a ingresar al Palacio Legislativo y que solo dejarán sesionar a Parra, a quien reconocen como su titular.

Ambos hechos, en fin, dejan claro que el chavismo ha iniciado una operación para desalojar a la oposición de la ANL. Si lo hiciera, Venezuela se quedaría sin un solo poder con legitimidad y el camino hacia su libertad se haría más cuesta arriba. La comunidad internacional no puede perder de vista esto.