Editorial: El juez y su partido

Un principio elemental de cualquier república democrática es la igualdad ante la ley. No importa si el imputado es un pequeño agricultor, un gran empresario o el presidente de la nación; los procesos de la justicia deberán regir con absoluta imparcialidad y apego a la normativa vigente. De ahí la representación de la justicia como una mujer con los ojos vendados. Así, para prevenir posibles sesgos indebidos de aquellos que ostentan poder económico o político, se hace indispensable seguir de cerca los casos que involucran a personas influyentes, y llamar fuertemente la atención cuando existen indicios de que los encargados de administrar justicia no están cumpliendo su labor.

Por ello desde este Diario hemos puesto los reflectores sobre el desempeño de John Pillaca Valdez, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La falta de diligencia del magistrado en lo que respecta al proceso seguido a Vladimir Cerrón Rojas y su partido político, Perú Libre, es, por lo menos, motivo de desconfianza.

Las razones son diversas. Ha pasado casi un mes, por ejemplo, desde que el fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez presentó al juez en cuestión un pedido de “intervención del derecho a la intimidad” para deslacrar el CPU de la computadora de Cerrón Rojas. A pesar de que su incautación sucedió a finales de agosto pasado, durante el allanamiento del local del Perú Libre, la fiscalía no ha podido acceder a este debido a que el exgobernador regional de Junín no ha asistido a las citaciones y, en su ausencia, se requiere autorización judicial para el deslacrado. Pillaca, sin embargo, en vez de tomar una decisión al respecto, ha arrastrado el proceso y convocado una audiencia sobre el tema para mañana martes, cuando lo regular es que acepte o no el pedido de fiscalía con los elementos que ya tiene a disposición y en menos tiempo. La aparente maniobra dilatoria de Cerrón estaría encontrando un buen eco en el magistrado.

El mismo juez ha postergado también la convalidación del congelamiento de las cuentas de Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón Rojas. Como se recuerda, a inicios de octubre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló más de S/1,4 millones de tres cuentas bancarias de Rojas. Esta orden, no obstante, solo puede ser temporal. En 24 horas, un juez debe convalidarla o disponer su inmediata revocación. Ha transcurrido, sin embargo, ya más de un mes y el despacho de Pillaca sigue en silencio. En un tercer pedido, la fiscalía solicitó el 13 de octubre al mismo juez el levantamiento de las comunicaciones de Cerrón y otros dirigentes de Perú Libre en el Caso Los Dinámicos del Centro. La respuesta también se hace esperar.

El único caso en el que el juez Pillaca resolvió con celeridad fue el pedido de impedimento de salida del país para Richard Rojas García, colaborador de Cerrón que había sido destinado como embajador en Venezuela. Aunque, en honor a la verdad, aquella vez parece haber sido la presión pública lo que movió al magistrado: para cualquier observador razonable, la designación de Rojas García –también relacionado al Caso Los Dinámicos del Centro– llegaba a nuevos máximos de vergüenza diplomática.

Estas demoras y dilaciones, en casos regulares, llamarían a la sospecha. Sin embargo, en casos en los que las personas investigadas ocupan lo más alto de las esferas políticas deben llamar a la alarma. El poder de la reacción tardía del aparato público ya se hizo evidente en favor de los implicados en Los Dinámicos del Centro que presuntamente fugaron a Bolivia ante la pasividad del Ministerio del Interior. Si el truco funcionó una vez, dicen algunos, por qué no ensayarlo nuevamente.