Por insistencia

La Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó esta semana, por unanimidad, la condena a tres años de pena privativa de la libertad suspendida al actual congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) Humberto Acuña Peralta. El Poder Judicial, en efecto, ha reafirmado en esta segunda instancia su condición de responsable del delito de cohecho activo genérico, en calidad de cómplice.

Como se recuerda, el caso está relacionado a un soborno de S/750 que fue ofrecido a un efectivo policial del Departamento de Delitos contra la Corrupción de la Policía Nacional, en setiembre del 2014, para que elaborase una falsa declaración en una investigación que se le seguía a Acuña –entonces gobernador regional de Lambayeque– por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

De acuerdo con la fiscalía, el ofrecimiento de dinero se hizo a través de llamadas telefónicas, cuyo contenido se conoció al levantarse el secreto de las comunicaciones de Los Limpios de la Corrupción, red criminal a la que se vinculó al policía en cuestión.

La condena confirmada supone también una inhabilitación de tres años para asumir cargos públicos y el pago de una reparación civil de más de S/60 mil a favor del Estado. En ese sentido, la sala ha ordenado que se remita la sentencia al Jurado Nacional de Elecciones “para que proceda de acuerdo a sus atribuciones (sic)”: un trance que en última instancia significará para Acuña la pérdida de su escaño; y para su partido, un descrédito similar al que sufrió cuando los integrantes de la representación nacional anterior Benicio Ríos y Edwin Donayre –ambos antiguos miembros de la bancada de APP y actualmente en prisión– corrieron la misma suerte. El primero por colusión agravada y el segundo por apropiación ilícita.

Las similitudes entre estos tres casos, además, no son solo detectables en el desenlace. Ríos y Donayre postularon a un escaño en el 2016 cuando ya arrastraban problemas judiciales; y Acuña participó en las elecciones del 26 de enero de este año, a pesar de que su condena inicial databa de diciembre del 2019. Es decir, en los tres episodios, APP avaló, a sabiendas, candidaturas que se anunciaban problemáticas y que podían terminar en desafuero.

Y si la primera vez aquello fue descabellado y negligente, la insistencia en el desatino es francamente inquietante. Particularmente, cuando se entendía que habíamos salido de un largo período en el que personas con problemas pendientes con la justicia aspiraban al Legislativo para tratar de beneficiarse con una inmunidad parlamentaria interpretada tramposamente.

Llama por eso la atención que APP no haya tenido en cuenta el efecto devastador que llevar nuevamente a un candidato así en sus listas parlamentarias le acarrearía a su imagen. ¿Es que acaso nadie dentro de la organización política advirtió el problema en el que se estaban metiendo al hacerlo, o el apellido y las vinculaciones del postulante con el líder partidario, César Acuña, pesaron más que cualquier voz de alarma que pudiera haber sonado en ese momento?

Previsiblemente, el sentenciado congresista ha dicho en estos días que la decisión judicial ha sido “excesiva e injusta” y ha anunciado que evaluará la posibilidad de presentar un recurso de casación excepcional a la Corte Suprema. Está en su derecho, pero es de esperar que eso no suponga una demora en la aplicación del veredicto del Poder Judicial.

Mientras eso ocurre, sin embargo, sería ideal que APP aclarase por qué, tras la ingrata experiencia de haber pedido el voto por Donayre y Ríos para hacerlos llegar al Parlamento con el desenlace que todos conocemos, decidió persistir en tan descaminada actitud. No vaya a ser que la lista congresal que presente para las elecciones del próximo año nos depare también alguna sorpresa.