(Foto: Presidencia/Congreso).
(Foto: Presidencia/Congreso).
Editorial El Comercio

Cada crisis es única. Sus causas, consecuencias, protagonistas y desarrollo son particulares al lugar y al tiempo en que se generan. Sin embargo, hay una vena común en situaciones de profunda incertidumbre como la que hoy se vive en el país: el pasmo en el que entran los tomadores de decisiones mientras la niebla se disipa.

Como se sabe, la eventual vacancia del presidente ante los últimos destapes de sus vínculos con la empresa ha ocasionado un terremoto político de escala nacional y de dimensiones que no se vivían en décadas. Como en otras situaciones con potenciales desenlaces dramáticos y desconocidos, el costo al corto plazo es la paralización o reconfiguración de los planes inmediatos tanto del sector público como del sector privado.

Respecto de los primeros, con ministros cuya permanencia pende de un hilo y está condicionada hoy, básicamente, a las decisiones que tome el Congreso, es poco lo que se puede avanzar en el Ejecutivo. Más importante aun: en caso cayera el actual gobierno y cambiaran los jefes de las distintas carteras, los próximos miembros del Gabinete estarían todavía acomodándose en sus fajines durante los primeros meses del próximo año y con limitada experiencia para entrar en acción inmediatamente. Dependiendo del desenlace político de los siguientes días, podría ser común ver carteras ministeriales con borrón total y cuenta nueva. La inversión pública, pilar fundamental del crecimiento del PBI en las proyecciones del 2018 a partir sobre todo de la reconstrucción del norte y de los Juegos Panamericanos, es probable que se resienta. Si el resultado político culminase en una convocatoria a elecciones, la situación de incertidumbre y pasmo en el sector público solo se agravaría por varios meses más.

Para el sector privado la coyuntura no es mejor. El ruido político y la falta de certeza espantan las inversiones, restan confianza institucional, retrasan las contrataciones laborales, encarecen los dólares y el crédito, y hacen más complicado el planeamiento de mediano y largo plazo. Por el lado de los consumidores, en estos contextos las compras importantes y duraderas –vehículos, inmuebles, etc.– se posponen hasta que las aguas se calmen y el horizonte esté más claro. El desarrollo del drama político se puede ver por televisión en imágenes lejanas de Palacio de Gobierno o el Congreso, pero sus consecuencias serán sentidas en la calle por el ciudadano común.

Lamentablemente, la coyuntura tendrá un impacto negativo en el preciso momento en el que las condiciones económicas parecían perfilar mejor su suerte. Desde el precio y producción de cobre hasta las importaciones de bienes de capital y la inversión privada en general, los indicadores económicos contaban una historia de recuperación y avance durante la segunda mitad de este año. Hoy se corre el riesgo de revertir, nuevamente, la tendencia.

Institucionalmente, es necesario que esta crisis política se resuelva pronto dentro del marco constitucional. Se mantengan o no el presidente Kuczynski y su equipo al frente del Ejecutivo, esta es una buena oportunidad para demostrar que en el Perú las reglas del juego institucional y político se cumplen a cabalidad aun en los momentos de mayor tensión.

Este mensaje de predictibilidad y solvencia institucional es clave si el país quiere empezar el 2018 con el buen pie. Será inevitable que la confianza del consumidor y del empresario acusen un golpe durante las siguientes semanas –la gravedad de la situación lo justifica–, pero está hoy en manos del Congreso y del Ejecutivo la responsabilidad máxima de dejarnos el próximo año con un país estable y bien encarrilado.