Editorial: Segunda mancha

Mañana se cumple un mes desde el vertimiento de petróleo en las costas de Ventanilla. Este ha sido el mayor desastre ecológico que ha enfrentado el mar peruano, y la responsable central –como hemos señalado en más de una ocasión en estas páginas– es la empresa Repsol.

La transnacional española reportó inicialmente un pequeño derrame de 0,16 barriles de crudo, que luego debió corregir a 6.000 y, un par de semanas después, a más de 10.000. La falta de precisión y sentido de oportunidad para informar sobre la magnitud del accidente retrasó injustificablemente los esfuerzos de contención. El plan de contingencia de la compañía para enfrentar situaciones como esta –raras, pero dentro de lo previsible–, si de verdad existió, resultó tremendamente insuficiente. Por lo demás, sus excusas respecto de un supuesto oleaje anómalo como consecuencia de la erupción de un volcán en Tonga resultaron ser –a juicio de diversos testigos directos– falsas. El manejo de la crisis de Repsol fue, pues, en términos ambientales y reputacionales, desastroso.

Pero que la responsabilidad principal le corresponda a Repsol no exime, por sí solo, al propio gobierno de su cuota de responsabilidad. ‘Ex ante’, ¿no debían los organismos reguladores verificar que exista capacidad real de respuesta ante un desastre de esta naturaleza? Y, una vez ocurrido el vertimiento, ¿no debía existir una respuesta alternativa del sector público en caso de que el privado no respondiese adecuadamente? En esa línea, el Ministerio Público anunció a finales de enero que ampliaría la investigación por contaminación ambiental para incluir a funcionarios de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), de la Marina de Guerra del Perú, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Estos serían investigados por presuntamente haber omitido su labor de fiscalización administrativa.

La debilidad institucional es patente en las instituciones responsables del cuidado ambiental. El OEFA, institución clave en este asunto, carece de responsable nombrado por falta de candidatos idóneos. Quizá esto explique la pobre reacción del gobierno que, en vez de ofrecer soluciones inmediatas y efectivas, atinó inicialmente a repartir canastas de víveres entre algunos de los pescadores y comerciantes afectados. La falta de interés de la actual administración en la protección de ecosistemas delicados queda aun mejor ilustrada en el breve pero revelador nombramiento de Wilber Supo en el Ministerio del Ambiente (Minam) como parte del Gabinete encabezado por Héctor Valer. Supo no tenía trayectoria alguna en el sector medioambiental –ni, en honor a la verdad, en ningún otro sector–. Solo un gobierno que desdeña profundamente la tarea del Minam podría considerar nombrar ministro a una persona de ese nivel.

Información recogida por este Diario apunta a que, si bien Repsol informó que se ha avanzado un 67% con las labores de limpieza en mar y playas, los trabajos serían apenas superficiales; no incluyen atención al daño en el fondo marino. La realidad empieza a imponerse y ahora se habla de años para terminar de mitigar el impacto del derrame.

Esto, por supuesto, no puede lograrse con un plan improvisado y autoridades ausentes. Sí, Repsol es el principal responsable, pero llegado este punto el Estado no puede rehuir a su labor y es el que debe tomar las riendas de la situación con liderazgo y determinación. Pero su capacidad de respuesta pasado ya un mes, valgan verdades, no ha sido mucho mejor que la de la empresa causante del problema.