Editorial: Sombrero cocalero

A lo largo de los últimos meses se ha ido haciendo evidente que el principal riesgo político para el país no está en la amplia ineptitud e inoperancia de la actual administración, sino en su proclividad a capturar instituciones del Estado para servir intereses particulares. Por ejemplo, el entramado que conecta entre sí a personajes como Karelim López, Bruno Pacheco, Juan Silva, Hugo Chávez y varios más que han ido apareciendo bajo el liderazgo de Pedro Castillo tiene como hilo conductor el aprovechamiento del poder público en la búsqueda de prebendas, favores y nombramientos.

Quizá la manera más directa de ofrecer beneficios indebidos sea a través de posicionar a las partes interesadas a cargo de su propia fiscalización. Es lo que se vio con nitidez, por ejemplo, en un Ministerio de Educación (Minedu) con un maestro sindicalista a la cabeza, cuya prioridad era sus desavenencias con el Sutep, o en un Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) liderado por un ministro con pasado de colectivero y que luego les abrió las puertas de la institución a sus anteriores colegas.

La misma dinámica se ha visto en la política antidrogas del Gobierno. Con Ricardo Soberón como presidente ejecutivo de Devida, la falta de avances en erradicación y reconversión de cultivos de hoja de coca está prácticamente garantizada. Soberón, como se sabe, entró luego de la escandalosa renuncia del anterior titular, Fidel Pintado, y ha sido una persona siempre cercana a colectivos cocaleros.

A saber, la situación que heredó el Gobierno en términos de erradicación no era auspiciosa. El jueves de la semana pasada, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) indicó que “la superficie total de cultivo ilícito de arbusto de coca en el Perú no ha dejado de aumentar”. El número total de hectáreas dedicadas a la coca habría subido en al menos 25% entre el 2017 y el 2020, de acuerdo con la agencia. La misma opinión fue compartida estos días por Heide Fulton, subsecretaria adjunta de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de EE.UU. “Desafortunadamente, en los últimos años el cultivo de coca y la producción de cocaína en el Perú han aumentado constantemente”, mencionó Fulton en entrevista con este Diario.

¿Cuál ha sido entonces la respuesta de Devida ante un proceso que podría salirse de control? Cancelar la erradicación en el Vraem y trabajar con el congresista Guillermo Bermejo para emular las políticas de Evo Morales en la industrialización de la hoja de coca (Bolivia, vale la pena destacar, es otro país donde la coca se habría expandido)

En otras palabras, la institución responsable de limitar el cultivo de la hoja de coca y prevenir su utilización como insumo para cocaína ha adoptado –sin demasiado sigilo– la agenda de los cocaleros, a quienes debería regular. Bajo el llamado “pacto social ciudadano”, Soberón ha informado que espera que los propios agricultores reduzcan voluntariamente su siembra de coca y así, progresivamente, se autoerradiquen. Dado que es imposible concebir que tal nivel de ingenuidad es verídico, solo queda concluir que el Gobierno tiene algún interés especial en promover el cultivo de coca, no en reducirlo.

No debería hacer falta señalar que un crecimiento indiscriminado de la producción de droga expondría al país a riesgos sumamente serios. La violencia del narcotráfico y su capacidad para copar y destruir instituciones públicas por dentro han sido visibles en países como México y Colombia, por mencionar dos casos cercanos. En el Perú, la zona del Vraem sigue siendo fuente regular de enfrentamientos violentos, regiones como Ucayali, Huánuco y Puno pujan por volverse nuevos polos de producción, y el dinero del narcotráfico intoxica a las ciudades tanto como su producto final. Mientras Devida adopta la agenda de los cocaleros, es poco claro en qué medida es el Gobierno consciente de la magnitud del problema que podría estar gestando para la seguridad nacional.